Cándido Conde-Pumpido está maniobrando ya como presidente del Tribunal Constitucional para blindar la eventual Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el golpe del 1-O.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que "el bloque izquierdista del TC compuesto por los 7 magistrados de los 11 que integran el Tribunal de Garantías ya se está preparando para blindar la Ley de la amnistía que beneficie a los golpistas del 1-O, a cambio del apoyo de investidura del partido de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez".
"Conde-Pumpido quiere asegurarse el apoyo de todos los magistrados izquierdistas a la norma que elabore el Ejecutivo. Por ello, se están produciendo numerosas conversaciones sobre este asunto en las últimas fechas. Está claro que los magistrados izquierdistas no se van a equivocar con su voto", ironizan.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "existe una interlocución directa entre Moncloa y el bloque izquierdista del Constitucional capitaneado por Conde-Pumpido mientras el PSOE está negociando la investidura y la Ley de amnistía con Junts. Además, los magistrados izquierdistas se reúnen a comer para cerrar filas, sin contar con los 4 conservadores".
"El TC previsiblemente avale la eventual Ley de amnistía que reclama el partido de Puigdemont cuando sea recurrida por el PP o cuando se presente una cuestión inconstitucionalidad. No obstante, se barrunta que como contrapartida el PSOE de Pedro Sánchez exigirá un compromiso, quizá secreto, a los golpistas de no volver a cometer hechos similares", concluyen.
Recordamos que la semana pasada, Sánchez afirmó lo siguiente en referencia al 1-O: "Cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces, el ya fallecido señor Maza (José Manuel Maza), abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. Lo hice por dos motivos: el primero, porque no habíamos sido consultados (…) y, en segundo lugar, porque habíamos trasladado a la vía judicial un conflicto que tenía una raíz política".
La Ley de amnistía tendría que tramitarse como una proposición de Ley y no como proyecto de Ley, al estar el Ejecutivo en funciones. Por tanto, no se pedirían informes a los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía o el Consejo de Estado. Esta norma se convertiría en la moneda de cambio del PSOE para conseguir el apoyo del partido de Carles Puigdemont de cara a la investidura.
La abstención de Conde-Pumpido y Campo
Tal y como publicó este diario, Cándido Conde-Pumpido debe abstenerse en todas las causas que lleguen al Constitucional relacionadas con el 1-O. El propio Conde-Pumpido decidió apartarse de los recursos sobre el golpe en abril de 2021 después de que LD desvelase una intervención en el Congreso en noviembre de 2017, en la que habló implícitamente sobre los delitos de sedición o malversación cometidos por los golpistas. Concretamente, se refirió a la subversión de la Constitución y la disposición de dinero público para dichos fine
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Campo también tendría que abstenerse ante una Ley de amnistía del 1-O, ya que era el ministro de Justicia en el Ejecutivo de Sánchez cuando se concedieron los indultos a los golpistas. Además, el propio Campo se opuso en 2019 a que el propio Gobierno del que formaba parte se planteara conceder esta medida de gracia a los líderes golpistas al estar fuera de la Constitución: "La amnistía no cabe". En la actualidad, el Constitucional está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores. Con la abstención de Conde-Pumpido y Campo habría mayoría izquierdista de 5 magistrados izquierdistas frente a 4 conservadores.