El titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, ha citado a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, para declarar en calidad de investigada el 13 de diciembre por el supuesto espionaje al presidente catalán, Pere Aragonès, con el programa Pegasus. Ese mismo día, comparecerá en el Juzgado el propio presidente catalán como perjudicado.
El magistrado adopta esta decisión tras admitir a trámite la querella presentada por Aragonès en julio de 2022 por los presuntos delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje informático y producción y adquisición para el uso de 'spyware', así como "otros delitos contra los derechos fundamentales".
El juez ordena en su auto de 8 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, una batería de diligencias. Entre ellas, previa desclasificación, reclama al CNI información sobre la compra y posible uso del software, así como si tiene licencia de uso y si tiene en exclusiva las facultades de autorización de su uso en España. El Centro Nacional de Inteligencia también tendrá que aclarar qué mercantil compró la licencia, quién actuó en nombre del CNI al encargar y comprar el software, y aclarar "si han hecho uso" de Pegasus con relación a Aragonès.
En el mismo auto, el juez acuerda oficiar al Tribunal de Cuentas para que certifique si el CNI compró licencias a NSO Group o a Osy Technologies, y que detalle estos productos o servicios y la fecha en la que se adquirieron.
También ha decidido librar un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, responsable del control judicial al CNI para que certifique sui ha autorizado el uso del software para espiar a Aragonès. Además, el instructor insta a la Fiscalía a que se posicione antes de este miércoles sobre si cabe prorrogar la instrucción de caso otros seis meses.
Sobre la empresa vinculada a Pegasus
La querella de Aragonès también se dirige contra la empresa Osy Technologies, vinculada a NSO Group, propietaria del software Pegasus: respecto a ella, el juez ha pedido una orden europea de investigación para entregar una copia del auto traducida al francés en la sede de la empresa en Luxemburgo para que designe un representante legal para la causa.
Este representante deberá certificar si la mercantil o el grupo empresarial han comercializado Pegasus, si lo ha vendido a organismos gubernamentales de España y, si lo ha hecho, identificar a las personas que actuaron como representantes en el encargo y la compra del software. El juez también pide a la mercantil aclarar si conserva datos o registros sobre del funcionamiento de Pegasus a manos de organismos gubernamentales de España, y si los tiene ordena entregarlos al juzgado.
Además reclama que la empresa especifique quienes son los administradores, directores y representantes de la mercantil para tomarles declaración si es necesario, y que certifiquen si cuentan con un sistema de prevención de riesgos penales.
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