El bloque izquierdista del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha acordado exonerar al exdiputado podemita, Alberto Rodríguez, que pateó a un policía, pero ha rechazado la argumentación planteada en su ponencia de sentencia por la magistrada María Luisa Segoviano.
Este jueves ha finalizado el Pleno del TC de esta semana en el que se debía deliberar sobre la estimación del recurso presentado por Alberto Rodríguez, tras ser condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a la pena de 1 mes y 15 días de prisión. Dicha condena conllevó la pérdida de su escaño en el Congreso de los Diputados.
Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que "la deliberación sobre la ponencia planteada por la magistrada izquierdista Segoviano ha durado toda la mañana. Los otros 6 magistrados izquierdistas del tribunal han coincidido con Segoviano en absolver a Alberto Rodríguez de la condena impuesta por el Supremo, pero han rechazado su ponencia al no estar de acuerdo con la argumentación".
"Segoviano justificaba la exoneración del exdiputado de Podemos argumentando que la condena impuesta por el Supremo había sido desproporcionada. Esta tesis no ha sido compartida por su propio bloque izquierdista que ha puesto de manifiesto que la razón por la que hay que exonerar a Alberto Rodríguez es porque se había vulnerado la ‘legalidad penal’ con la condena. Un concepto que se ha convertido en el comodín y en el coladero del TC para dar la razón a recurrentes desde hace años, a pesar de que no se hayan vulnerado derechos fundamentales", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Conde-Pumpido ha solicitado a Segoviano que siga siendo la ponente de la sentencia, pero adoptando la argumentación expresada por la mayoría del bloque izquierdista. Por su parte, los cuatros magistrados conservadores han rechazado la exoneración de Rodríguez. De esta forma, Segoviano deberá redactar una nueva propuesta de sentencia que será deliberada en otro pleno del Constitucional cuando la tenga finalizada".
Recordamos que tras ser condenado por el Supremo, la entonces presidenta del Congreso Meritxell Batet retiró el escaño a Rodríguez después de ser advertida por el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena. El exdiputado de Podemos recurrió hace más de un año ante el Constitucional la decisión de Batet de retirarle su escaño y la propia condena del Supremo en dos recursos distintos.
La magistrada izquierdista María Luisa Balaguer asumió la ponencia del recurso de Rodríguez sobre la decisión de Batet que previsiblemente le daría la razón al exdiputado de la formación morada. Por su parte, la también magistrada izquierdista María Luisa Segoviano heredó la ponencia sobre el segundo recurso de Rodríguez, presentado contra la condena del Supremo.
La sentencia del Tribunal Supremo consideró probado que el 25 de enero de 2014, en la localidad de La Laguna, con ocasión de la reapertura de la catedral, se organizaron distintos actos a los que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. El relato de la sentencia añadía que "en el curso de los enfrentamientos físicos que, como consecuencia de la actitud violenta de algunos de los congregados, tuvieron lugar entre éstos y agentes policiales, el acusado Alberto Rodríguez Rodríguez (…) que en ese momento se encontraba entre los primeros, propinó una patada en la rodilla al agente del C. N. de Policía nº 92.025".
Medalla policial a Conde-Pumpido
Tal y como publicó este diario el pasado mes, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, recibía la medalla al mérito policial del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska mientras maniobraba para absolver al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Interior condecoraba a Conde-Pumpido con la Cruz Roja Honorífica a personal ajeno a este cuerpo policial, el máximo distintivo a personalidades del ámbito civil.
Dicha condecoración provocaba una gran indignación en la Policía y en los sindicatos del Cuerpo que lo consideran "una falta de respeto" y "una vergüenza" recordando que cualquier policía nacional "se tiene que jugar literalmente la vida para ganársela". El sindicato SUP incluso anunciaba que van a recurrir la condecoración y que se querellará contra Grande-Marlaska por un posible delito de prevaricación.