La declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la Ley de amnistía "ad hoc" del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el 1-O ya está en manos de las altas instituciones de la UE.
El CGPJ aprobaba este lunes durante un pleno extraordinario dicha declaración por 9 votos a favor, 5 en contra y el voto en blanco del presidente suplente del Gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. El texto aprobado que denuncia "la abolición del Estado de derecho" fue promovido inicialmente por 8 vocales conservadores del Consejo: Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona. En la votación, se sumó también el vocal conservador Wenceslao Olea.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "la declaración institucional ya ha sido remitida en las últimas horas a las altas instituciones de la UE con el objetivo de que conozcan de primera mano la denuncia del Poder judicial español sobre la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas del 1-O y el ataque al Estado de derecho de un país miembro de la Unión Europea".
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el texto ha sido remitido a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders; y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell".
Precisamente, Didier Reynders pedía este miércoles aclaraciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la Ley de la amnistía en una carta dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop. El comisario de Justicia europeo expresaba "serias preocupaciones" por los "debates en curso" y pedía explicaciones: "Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista".
En su declaración institucional, el CGPJ subrayaba que la Ley de amnistía violenta "los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial. El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el ‘interés de España’".
Mientras tanto, el vocal del CGPJ José María Macías asistía este miércoles en representación del Gobierno de los jueces al plenario de la Red Judicial Europea, que se celebra dentro de los trabajos de la presidencia española de la UE con representantes de toda Europa. Dicha Red es el mecanismo nuclear de la colaboración judicial que hace que el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia sea real y efectivo.
Durante este Plenario en el que estaban presentes 140 representantes de los poderes judiciales, Fiscalías y Ministerios de Justicia de los miembros de la UE y otros países europeos, Macías afirmaba que "las sentencias y resoluciones emitidas por cualquier autoridad judicial europea deben respetarse y ejecutarse, además de en el propio Estado en cualquier otro Estado de la Unión".
La amnistía "incompatible con el Estado de Derecho"
El CGPJ expresaba en su declaración institucional remitida a la instituciones europeas "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", apunta el texto.
Según la declaración institucional, "confundir el ‘interés de España’ con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho".