Sumar ha anunciado que presentará este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía sobre el 1-O.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "la querella presentada por la formación que lidera Yolanda Díaz no tendrá ningún recorrido en el Supremo. De hecho, Sumar acaba de dar la razón a los vocales del Poder Judicial que denunciaron la persecución que iba a iniciar el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez contra los jueces. Todo ello, tras el pacto de investidura alcanzado por el PSOE con Junts y ERC".
La querella acusa a los vocales conservadores del CGPJ de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ. Se dirige concretamente contra los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.
También contra Wenceslao Olea, que votó a favor, y apunta a Vicente Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.
Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "la querella de Sumar contra los vocales del CGPJ llegará inmediatamente a oídos de la Comisión Europea como prueba de la caza de brujas que ha iniciado el Ejecutivo contra los jueces en España para luchar contra el supuesto lawfare (guerra judicial)".
Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.
Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.
La declaración institucional del CGPJ
El CGPJ alerta en esta declaración institucional que Pedro Sánchez "ha pactado una ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida" y destaca que "la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo".
Los vocales del CGPJ expresan con esta declaración "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España" y señalan que "en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución".
"Confundir el ‘interés de España’ con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", añaden.
Después, el CGPJ subraya que "no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el ‘interés de España’".
Además, sostienen que "se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica" y también se violentan "los compromiso asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.
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