El asalto al Poder Judicial que prepara Pedro Sánchez para esta legislatura contempla controlar el 65% del Tribunal Supremo con jueces afines durante los próximos 20 años. Dicho asalto será perpetrado por Sánchez de la mano del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El Supremo está compuesto por el presidente y el vicepresidente, cuyas funciones jurisdiccionales son prácticamente residuales y sus mandatos temporales, y un total de 79 magistrados. Estos se distribuyen de la siguiente forma: 10 en la Sala Primera (civil), 15 en la Sala Segunda (penal), 33 en la Sala Tercera (contencioso-administrativa), 13 en la Sala Cuarta (social) y 8 en la Sala Quinta (militar). Entre estos magistrados, se encuentran a su vez los presidentes de cada una de las cinco Salas.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "actualmente hay 24 plazas vacantes en el Supremo, y en los próximos cinco años se van a producir 24 vacantes más. Es decir, cuando se renueve al CGPJ actual, el siguiente Consejo designará a un total de 48 magistrados del Alto Tribunal, que suponen, más del 60% de todos los efectivos".
"No obstante, la cifra de vacantes previsiblemente será superior, ya que se producirán bajas anticipadas por enfermedades, fallecimientos o designación para otros cargos. De hecho, sólo en la Sala Primera del Supremo se han registrado tres bajas inesperadas durante el mandato del actual CGPJ, y se ha anunciado una cuarta que se producirá de manera inminente", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "el asalto al Poder Judicial se producirá cuando Sánchez renueve el CGPJ tras pactar con el PP o bien reforme la Ley para designar a los vocales del Consejo, rebajando la mayoría de tres quintos exigida y dejando al margen al Senado para no tener que negociar con los populares. A partir de ese momento, tendrá en su manos la renovación del 65% de los miembros del Supremo durante los próximos 5 años, lo que supone dos tercios de los efectivos totales de este tribunal".
"Los magistrados se jubilan a los 72 años. Por lo tanto, si el Ejecutivo socialista coloca a candidatos con una media de 50 años, se garantizará que dos tercios del Tribunal Supremo quedarán colonizados por jueces izquierdistas durante más de 20 años. Toda una generación", concluyen.
Cabe destacar que para controlar el Supremo, el Gobierno recurrirá a magistrados de la asociación judicial izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia, a pesar de que apenas representa al 8% de los miembros de la Carrera Judicial. Precisamente, el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, fue uno de los cofundadores de dicha asociación.
Sánchez ya ha colonizado la Fiscalía
Tal y como publicó este diario, la cúpula del Ministerio Fiscal ya ha sido colonizada por fiscales izquierdistas durante los 3 años de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. De los 17 fiscales que ascendieron a la categoría de fiscal de Sala y vieron incrementado su salario durante el mandato de Delgado y García Ortiz, 14 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Dicha asociación izquierdista es a la que han pertenecido toda su vida Delgado y García Ortiz.
La Carrera Fiscal cuenta con unos 2.700 miembros, de los cuales, los afiliados de la UPF eran aproximadamente 240. Un número que habría sufrido un acusado descenso, precisamente como consecuencia de la animadversión hacia la gestión de Delgado y García Ortiz. Los datos reflejan que el 85% de los fiscales ascendidos a la primera categoría de la Fiscalía se ha concentrado en una asociación, la UPF, que apenas supone el 8% de todos los miembros en activo de la propia Fiscalía. Esto es una vergüenza y un escándalo.