Se trata de todo un máximo histórico desde su creación. Y ello en medio de mensajes continuos del Gobierno anunciando y defendiendo una relajación de los requisitos para conceder este estatus como vía de entrada a la inmigración en España.
La OAR ha resuelto en el último año 92.963 expedientes, además de 1.022 estatutos de apátrida y más de 33.900 protecciones temporales a personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania. Pero la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha hecho mucho más uso de esta condición de entrada en España. De hecho, ha recibido 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37 por ciento más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre.
Estas cifras sitúan a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea. Por nacionalidades, el país de procedencia del mayor número de solicitantes ha sido Venezuela, con 60.534 peticiones, un 37 por ciento del total, seguido de Colombia (53.564) y Perú (14.306). Los tres países concentran el 78,6% del total de los expedientes registrados.
Por lugar de presentación de las solicitudes, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de regiones con más solicitudes (52.684), seguida por Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775). El Ministerio del Interior ha resuelto en 2023, además, un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior.
La concesión de este estatus no va pareja ni mucho menos a la solicitud. Pero también de crece de forma sensible. El pasado año se han concedido 7.521 estatutos de refugiado, cifra récord hasta la fecha y que supone un 26,5 por ciento de los estatutos otorgados por la OAR desde 2012 (28.232). Y las cinco primeras nacionalidades de las personas a quienes se les ha concedido este estatuto son Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras, pese a la avalancha de peticiones de Ucrania y Venezuela. Se ha tramitado también la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Mali. A 41.478 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, les ha sido concedida únicamente residencia y trabajo por razones humanitarias durante un año. De acuerdo con estas cifras, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 12,23 por ciento y la tasa de protección internacional alcanza un 56,85 por ciento.
En 2023 se han presentado, además, 953 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se han resuelto 1.022 expedientes. La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.
La OAR ha sumado durante 2023 la concesión del régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que eleva a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que están amparados por esta figura en España. El Gobierno español puso en marcha en marzo de 2022 este procedimiento de urgencia y entregó la primera resolución de concesión el 11 de ese mes, en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea que autorizaba, por primera vez, la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.