Indignación en el Tribunal Constitucional con su presidente Cándido Conde-Pumpido. Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que Conde-Pumpido "está creando el caldo de cultivo para las acusaciones por lawfare contra magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del propio Tribunal de Garantías".
Hace dos semanas, el Constitucional enmendaba la plana al Alto Tribunal en dos ocasiones en apenas 24 horas: el Tribunal de Garantías anulaba la condena impuesta por el Supremo al exdiputado podemita Alberto Rodríguez por patear a un policía y al día siguiente, revocaba otra resolución del propio Supremo que acordaba repetir el juicio contra el líder de EH-Bildu Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna en el caso Bateragune.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el presidente del TC está marcando un rumbo en el Tribunal de Garantías para favorecer al PSOE, al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios. Las resoluciones que está adoptando el Constitucional están creando el caldo de cultivo propicio para alentar las acusaciones por supuesto lawfare contra jueces y magistrados. Conde-Pumpido se está volviendo a manchar la toga con el polvo de la camino".
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señaló en la Cámara Baja a magistrados como Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes o Concepción Espejel. "Las resoluciones auspiciadas por Conde-Pumpido están alimentando las acusaciones por supuesto lawfare que apuntan la coalición de Yolanda Díaz, Junts, ERC e incluso EH-Bildu".
Conde-Pumpido junto a la mayoría izquierdista del tribunal anuló el pasado martes la sentencia del Supremo que condenó al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía a la pena de 1 mes y 15 días de prisión. Se estimó así el recurso de amparo presentado por el exdiputado de Podemos con los 7 votos a favor de los magistrados izquierdistas y los 4 en contra de los conservadores. La sentencia fue ponencia de la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano. Después de conocer el fallo, Alberto Rodríguez afirmaba en una entrevista que tenía "claro que el lawfare existe y opera a diario"
Al día siguiente, el Constitucional amparaba a Arnaldo Otegi para evitar que el líder de EH-Bildu fuese juzgado de nuevo por intentar reconstruir Batasuna en el llamado caso Bateragune. El Pleno del Tribunal de garantías estimaba el recurso presentado por Otegi una vez más como es habitual con los 7 votos a favor de los magistrados izquierdistas y los 4 en contra de los conservadores, avalando la ponencia del también magistrado izquierdista y exministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo.
El propio Otegi tras conocer el amparo que le brindaba el Constitucional afirmaba que este caso era "la historia de un lawfare contra el independentismo vasco" que fue orquestado por los poderes del Estado con la "intención", ha dicho, "de evitar que la violencia armada desapareciera de la ecuación política".
La venganza de Conde-Pumpido con el Supremo
Tal y como publicó este diario, la venganza de Conde-Pumpido contra el Tribunal Supremo se debe a que nunca llegó a ser presidente de la Sala Penal. En el año 2014, optó a la presidencia junto a Manuel Marchena y el magistrado Miguel Colmenero. Finalmente, Marchena le arrebató la presidencia al obtener 12 de los 20 votos del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Conde-Pumpido obtuvo 7 votos y Colmenero uno".
Conde-Pumpido fue elegido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 1995 y se convirtió en fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2004 y diciembre de 2011. En 2017, fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional y llegó a la presidencia del mismo en enero de 2023.