El rastro de Koldo García Izaguirre y de su protector en la etapa en el Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, supera ya con creces el caso de las comisiones ilegales en la compra pública de mascarillas en pleno covid. Mientras se confirman los encuentros de otro de los implicados en la trama del caso Koldo, Víctor Gonzalo de Aldama (presidente del Zamora CF), con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, otro caso adicional ha saltado a la palestra: el de los 31 trenes comprados por la Administración y que no entraban por los túneles de Cantabria y Asturias.
Se trata de un caso que se negoció cuando, tanto Ábalos como Koldo estaban ya en la estructura del Ministerio. Y fuentes del departamento ministerial apuntan a que ese contrato -que superó los 300 millones de euros- fue supervisado por ambos.
Fue calificado en su momento de enorme chapuza. Pero era complicado pensar que una chapuza de ese calado fuese supervisada o controlada por técnicos. No era tan difícil medir los túneles y encargar la compra de unos trenes que entrasen. Se trató de un enorme contrato para construir 31 trenes. Acabó costando la cabeza de los mandos de Renfe y Adif.
Y toda la historia dio comienzo en enero de 2019, un mes antes de que se publicase oficialmente la licitación en la plataforma de contratación de la Administración. Por esas fechas, según la información de los investigadores del caso Koldo, el citado García Izaguirre estaba ya en contacto con la trama de las mascarillas -el primer contacto certificado es de diciembre de 2018- aunque no se sabe con certeza el momento en el que nace su relación como asesor en el Ministerio y con vía de entrada directa en Renfe.
"Los puestos desempeñados por Koldo García Izaguirre fueron los siguientes: asesor del ministro José Luis Ábalos Meco, sin poder confirmar la fecha en que habría asumido este cargo pero teniendo constancia de que a fecha 26 de febrero de 2020 ya desempeñaría esta función, habiendo cesado el 12 de julio de 2021; consejero de RENFE, nombrado el 22 de noviembre de 2019 y cesado el 27 de agosto de 2021; y, vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, desde el año 2019 hasta 2021", destaca el sumario del caso Koldo.
Pero el contrato de concesión se firmó claramente más tarde: al cierre de 2020. Un 29 de diciembre de 2020 la propia Renfe anunció la firma del contrato de suministro de 31 trenes de Ancho Métrico y 6 Alpinos. "La adquisición de los nuevos trenes permite rejuvenecer la flota, aumentar la eficiencia energética y mejorar la fiabilidad y la accesibilidad. La flota de Ancho Métrico, con servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia, reducirá su edad media hasta los 15 años", señaló la compañía pública en aquel momento.
"El contrato incluye el mantenimiento de primer nivel de una parte de la flota durante un periodo de 15 años a través de una sociedad mixta con Renfe", añadió. El contrato, al final, quedó establecido en un importe de 258 millones de euros, sin impuestos. "Este contrato se enmarca dentro del plan de renovación de flota puesto en marcha por Renfe en 2019, con el objetivo de garantizar la calidad y mejora de los Servicios Públicos (Cercanías y Media Distancia) en los próximos años", explicó Renfe. Por esas fechas, Koldo ya operaba oficialmente como apoyo de Ábalos.
A raíz de la chapuza, Renfe y Adif destituyeron inicialmente al gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros y al titular de la jefatura de Inspección y Tecnología de vía, dando por hecho que eran los culpables de haber contratado unos trenes que no cabían por los túneles del trazado ferroviario. Pero ya en el momento de la certificación de la chapuza, fuentes del propio departamento de Transportes no dudaron en afirmar que el contrato fue supervisado por José Luis Ábalos y su asesor de confianza.
No se trató de un contrato menor: incluyó una dotación inicial de 347 millones de euros, incluyendo "material móvil. Partes de locomotoras o material móvil. Servicios de reparación y mantenimiento de material móvil". 286,99 millones sin impuestos, que acabaron, efectivamente, en 258 millones de euros.