Los abogados han alzado la voz tras el comunicado que difundió a primera hora de este jueves la Fiscalía Provincial de Madrid ante las informaciones sobre el supuesto pacto que se habría ofrecido a la pareja de Ayuso sobre el posible fraude fiscal de 350.000 euros.
La nota de la Fiscalía, presidida por Pilar Rodríguez (ex alto cargo en el Gobierno Zapatero) consistía en una cronología plagada de detalles y destinada a desmentir que hubiera sido la Fiscalía la que tomó la iniciativa de llegar a un pacto. En el comunicado, se reconocía que la denuncia no fue facilitada al abogado de Alberto González hasta horas después de que la noticia se publicara en los medios de comunicación. Mientras, varios medios de comunicación han llegado a publicar los correos electrónicos que habría mandado la defensa de la pareja de Ayuso.
Ruptura del secreto profesional
En respuesta al comunicado, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido una nota alertando de la "extrema gravedad" de las revelaciones de la Fiscalía al señalar, "a través de un comunicado oficial, datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
El ICAM cita en su nota cómo el artículo 22 del Estatuto de la Abogacía "establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido". Y recuerda que también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados". "Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales", destacan.
Los abogados anuncian una reunión el lunes de su Junta de Gobierno para "examinar con todo detalle" estos hechos, "con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias".
Señalan que a su juicio, "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".
Concluyen indicando que someterán en su reunión del lunes "cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional".