El cúmulo de irregularidades que se amontonan alrededor de la inspección de la Agencia Tributaria que está sufriendo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, permite a estas alturas hablar de una persecución y, por tanto, de un comportamiento propio de países no democráticos, que es lo que por desgracia ya es España.
Por supuesto, decir que España no es una democracia no implica afirmar que es una dictadura, pero no se puede negar que los comportamientos antidemocráticos del Gobierno, el abuso de poder y la degradación de las instituciones van cada día a más. Y por si esto no fuese suficiente parte de ese asalto a la libertad se concreta en leyes como la amnistía que este mismo jueves se ha aprobado en el Congreso, volatilizando lo poco que quedaba de separación de poderes tras décadas de intromisión de la política en la Justicia.
Pero volviendo al asunto de la última canallada de Sánchez y su cuadrilla contra Ayuso, en esta ocasión por la vía interpuesta de su pareja, estamos ante una sucesión de escándalos mayúsculos que deberían llevar, como mínimo, a la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha dejado a sí misma en evidencia al desvelar que conocía detalles del caso que no podía haber conocido de forma legal.
Por si esto no fuese suficiente, expertos como Ignacio Ruiz Jarabo –que fue nada más y nada menos que director de la Agencia Tributaria– han destacado que el proceder de la propia Agencia ha sido completamente anómalo y arbitrario, tanto en la propia inspección, como en su denuncia legal antes de hora como, por supuesto, en su filtración.
No es el único eslabón del caso bajo sospecha. La Fiscalía –"de quién depende, pues eso"– ha tenido este jueves un comportamiento tanto o más insólito, haciendo pública parte de una negociación con los abogados de González Amador. Se trata, como también han señalado varios expertos, de un ataque sin precedentes a la intimidad y al derecho de defensa de un ciudadano que es inocente mientras no se demuestre lo contrario y que, en cualquier caso, tiene todo el derecho del mundo a un procedimiento justo que, a todas luces, no está teniendo hasta el momento.
De todos es sabido que en España el sistema legal alrededor de los impuestos está montado como una maquinaria de terror, una apisonadora que deja a los ciudadanos indefensos ante las atrocidades de una Agencia Tributaria que prácticamente no está sujeta a ningún control. Miles de españoles sufren cada año su arbitrariedad y su falta de escrúpulos, pero en este caso nos encontramos ante algo que es aún peor: una catarata de delitos cometidos con la única intención de dañar a un rival político. El sistema al servicio de un partido y un Gobierno que se comportan como una mafia, con una única diferencia: que lo hacen de una forma mucho más torpe.
Eso es lo único bueno de todo lo que está ocurriendo: que en su atolondramiento y gracias a su evidente falta de nivel los culpables están dejando muchas pistas que nos permiten tener la esperanza de que algún día pagarán su felonía.