La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia una denuncia contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un delito revelación de secretos por hacer pública información sobre la inspección de la Agencia Tributaria al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Tal y como publicó LD, María Jesús Montero ya conocía a las 17:20 de la tarde del pasado martes la información que ElDiario.es publicó a las 21:37 de la noche que apuntaba el presunto cobro dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
Según la denuncia presentada inicialmente por un particular ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "se ha vulnerado flagrantemente el artículo 95 de la Ley General Tributaria sobre el ‘carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria’ respecto al D. Alberto González Amador. También se vulnera el artículo 60.4 del Reglamento General de gestión e inspección tributaria".
"El Código Penal recoge el descubrimiento y revelación de secretos en los artículos 197.2 y siguientes (199), así como de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos en el artículo 417.2. Resulta acreditado que la ministra de Hacienda (aforada) ha desvelado datos con publicidad que ningún medio de comunicación había difundido, por lo que obligatoriamente tuvo conocimiento ilícitamente de unas actuaciones confidenciales de la AEAT respecto al obligado tributario sr. González Amador", añade.
Según la denuncia, "existen dos infracciones: el acceso ilícito a información tributaria de un particular y la posterior difusión con publicidad mediante las declaraciones públicas realizadas el 12 de marzo a los medios de comunicación. Así como la sospechosa fecha de presentación de la denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía el 22 de enero de 2024, el mismo día que recibió un requerimiento de la Audiencia Nacional sobre la trama del "caso Koldo".
"Todo ello hace presumir una utilización partidista de la Agencia Tributaria contra los adversarios políticos de la Ministra de Hacienda, a la sazón, vicesecretaria general del PSOE. Suplico que tenga por formulada esta denuncia, con las manifestaciones que en este escrito se contienen, se sirva admitirla y acuerde la instrucción del correspondiente procedimiento, así como la práctica de cuantas diligencias resulten necesarias al objeto de determinar las responsabilidades, ante un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro delito de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos", concluye la denuncia.
Remisión de la denuncia a la Fiscalía del Supremo
Posteriormente, en un decreto al que ha tenido acceso este diario, el teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción Antonio Romeral acuerda "la remisión de la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Supremo". El escrito recuerda que "el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a tribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de las causas seguidas, entre otros, contra el ‘el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, etc.’"
"Por su parte, el artículo 17 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que los Fiscales del Tribunal Supremo desempeñarán sus funciones en el ámbito de dicho Tribunal; en consecuencia, la comprobación e investigación de los hechos denunciados no son competencia de esta Fiscalía Especial, conforme a lo dispuesto en el art 19 cuarto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Instrucción 4/06 de la Fiscalía General del Estado", añade el escrito de Anticorrupción. Ahora la Fiscalía del Supremo estudia la denuncia y deberá decidir sobre el futuro de la misma.