La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya conocía a las 17:20 de la tarde la información que ElDiario.es publicó a las 21:37 de la noche y señala que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró, presuntamente, dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.
Durante unas declaraciones improvisadas en los pasillos del Senado, Montero pidió explicaciones a la presidenta madrileña escudándose en lo que, según dijo, conocía por los medios de comunicación y alegó que ella, pese a ser la máxima responsable del Fisco, no tenía más datos.
"Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia", aseguró en los pasillos del Senado pese a que, en ese momento, no se conocía ninguna información con respecto a las comisiones de las mascarillas.
La información que Montero conocía
No fue hasta más de cuatro horas después, cuando ElDiario.es publicó que el origen del presunto fraude fiscal que ha denunciado la Fiscalía de Madrid se halla, presuntamente, en los dos millones de euros que percibió en comisiones Maxwell Cremona SL. Se trata de la empresa propiedad de Alberto González quien, por ese entonces, todavía no era pareja de Isabel Díaz Ayuso ya que su relación comenzó dos años más tarde.
La información cita una declaración del propio González ante Hacienda y que señala que el 85% de ese dinero tienen como origen una única operación de "intermediación" para la empresa española FCS para comprar mascarillas, guantes y otros productos sanitarios en 2020 justo, como dijo Montero, "en lo peor de la pandemia".
Datos confidenciales
La noticia de ElDiario.es, al igual que la denuncia de la Fiscalía, se basa en varios informes de la Agencia Tributaria cuya responsable máxima es la titular de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra también es la encargada de velar por el "carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria" que consiguen los funcionarios de la Agencia.
La Ley General Tributaria, en su artículo 95, afirma que "todos los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".