El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) -presentada por el Partido Popular- en la que se condenan "los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano" así como las terribles "condiciones laborales" en las que trabajan los integrantes de las llamadas ‘misiones’ internacionales (miles de civiles que la dictadura comunista envía cada año a trabajar fuera del país, en su beneficio).
La resolución ha salido adelante gracias al apoyo de Vox y PNV a la propuesta, a la que se ha opuesto el PSOE y -por supuesto- el diputado de Sumar Enrique Santiago. El comunista, que pedía que se votase a favor de la enmienda que solicitaba "el fin del bloqueo y las sanciones ilegales a Cuba" (en referencia al embargo estadounidense), defendió el carácter voluntario de la participación los sanitarios cubanos en las ‘brigadas médicas’ internacionales.
Santiago obviaba así el testimonio de cientos de cubanos que, a través de organizaciones como Prisoners Defenders, denuncian cada año que están siendo explotados por el régimen de Miguel Díaz-Canel (como lo fueron en su momento por el de los Castro). El Estado se queda con alrededor del 85% de su salario, lo que le supone unos ingresos anuales de 8.500 millones de dólares. Es decir, casi tres veces lo que Cuba gana por el turismo.
Pero es que además, tal como recordó el popular Carlos Rojas García, a los civiles enviados a trabajar a otros países en las mencionadas misiones internacionales: les quitan el pasaporte, les imponen un toque de queda y les prohíben relacionarse con la población local. Si incumplen las normas o deciden abandonar, son penalizados con hasta ocho años sin poder regresar a Cuba, como recoge su Código Penal. "Esto es retener, es trabajo forzado", sentenció el diputado.
✅18 VOTOS A FAVOR
❌17 VOTOS EN CONTRA¡El Congreso de los Diputados de España @Congreso_Es vota a favor de la Resolución de CONDENA a las violaciones de #DDHH en #Cuba 🇨🇺y a la esclavitud en las misiones médicas cubanas!! pic.twitter.com/uXxWoPNuib
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) May 14, 2024
Persecución política
Con esta propuesta, el Congreso ha dejado patente "su preocupación por el incremento del número de presos políticos" y reclama "la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica".
En la ‘exposición de motivos’, el Grupo Popular recoge la ola de represión desatada por la dictadura cubana a partir de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 y los días posteriores "por colisionar dichas pretensiones prodemocráticas con la forma de organización política unipartidista en dicho país".
Recuerda -entre otras cosas- el llamamiento en la televisión pública que realizó el propio presidente, Miguel Díaz-Canel, alentando a su pueblo "al combate" contra cualquier persona que cuestionara al Gobierno o sus políticas. Fue el pistoletazo de salida a una etapa de persecución al disidente que aún no ha llegado a su fin.
"A la disolución violenta de las manifestaciones, las detenciones y las desapariciones forzadas", señala el texto, "le sucedió el procesamiento penal de miles de manifestantes" que fueron sometidos a medidas cautelares de limitación o privación de libertad "emitidas únicamente por las fiscalías" y "todos sin tutela judicial, como es amparado por la Ley de Procedimiento Penal de Cuba".
Esclavitud encubierta
"A todo ello, se añade que el régimen cubano se ha encargado de expandir sus limitaciones y violaciones a los derechos y libertades de su personal civil profesional, tales como médicos, marinos, profesores, artistas o deportistas, entre otros muchos, prestando servicios a terceros en el exterior a través del Estado o sus empresas", señala la propuesta, que hace hincapié en la situación de los menores separados de sus padres "por la decisión de estos de terminar un contrato laboral".
En línea con lo anteriormente expuesto, la PNL insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que, como ya han hecho otras instancias internacionales (como el Parlamento Europeo o la ONU), condene "las condiciones laborales que promueve el régimen cubano para con sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior" y solicite a las autoridades cubanas "la facilitación del retorno a Cuba" tanto de las personas que están en el exilio como de los profesionales a los que no permite regresar con sus familiares "en plenas garantías de libertad y sin represalias".