El caso es antiguo y saltó ya en su momento, a finales de 2020. Quedó aparcado y ahora vuelve con la petición de la fiscal y los representantes legales de UPN y PP a la Audiencia de Navarra de relanzar una investigación judicial del caso Davalor, mientras los abogados de los investigados reclaman el archivo de la causa, tal y como se decidió inicialmente en diciembre de 2023.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona decretó en diciembre de 2023 el fin de la investigación del caso Davalor. El resultado era el archivo de la causa por una cuestión formal: que en el momento de dictar la primera prórroga de la instrucción ya había transcurrido el plazo de 12 meses previsto en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Un puro formalismo temporal, pero una causa legal para archivar el caso.
UPN y el PP decidieron recurrir el archivo por considerarlo injustificado. Y ahora se les suma la Fiscalía en su petición. El caso Davalor se centra en la concesión por parte de la empresa pública Sodena de ayudas a la compañía. La empresa, sin embargo y pese al gasto del dinero público, acabó entrando en concurso de acreedores. La polémica generada ya en su momento supuso la dimisión, en 2021, del consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi. Ayerdi formaba parte del Gobierno socialista de María Chivite por la parte del cupo del PNV, como aliado político.
La magistrada, en su momento, estimó el recurso presentado por los investigados, partiendo de la base de que el día en que comenzó a contar el plazo legal de los 12 meses fue el 21 de enero. UPN y el PP mantuvieron que la primera prórroga "fue acordada en plazo" y que "todas las prórrogas acordadas con posterioridad han sido practicadas en plazo y son válidas".
La Sala Segunda del Tribunal Supremo abrió originalmente la causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro del PNV, Manuel Ayerdi Olaizola, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre los año 2015 y 2017.
Ayerdi formaba parte del Gobierno navarro que preside la socialista María Chivite, con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra. Un Ejecutivo que salió adelante tras pactar los socialistas navarros con los 7 parlamentarios de EH Bildu en su momento.
La Sala indicó que los hechos descritos en la querella y atribuidos a la persona aforada podrían ser constitutivos de los citados delitos. Por ello, de acuerdo con el fiscal, declaró su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado, y dispuso abrir un procedimiento contra él.
La querella de UPN señalaba que el aforado, que entonces era vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (Sodena), concedió en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, pese a que sabía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.
Los querellantes denunciaron que, pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor Salud S.L. y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social, el querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a Davalor. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.