La Audiencia Provincial de Barcelona ha puesto punto y final a la investigación sobre las conexiones rusas del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en el marco del caso 'Voloh', tal y como adelantó LD la semana pasada.
En un auto, el tribunal estima un recurso del exconsejro de ERC, Xavier Vendrell, y anula la prórroga de la investigación que el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictó el 1 de agosto de 2023, con efectos desde ese día.
Esta pieza también implica al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, al exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas y al informático Jaume Cabaní, entre otros.
Los magistrados reprochan al juez el "retraso injustificado en la tramitación de este recurso", que ha hecho que la Audiencia provincial lo resuelva cuando ya ha pasado la prórroga de seis meses que aprobó en agosto del año pasado.
También han recordado que se trata de una pieza separada de la causa a pesar de que el instructor "parece otorgar un cierto carácter instrumental adicional a esta pieza separada 2 en cuanto que pieza común o pieza madre de la que dimanarían el resto de piezas separadas".
Añaden que en esta pieza "se han ventilado cuestiones y recursos que afectaban a personas o hechos distintos de los que inicialmente motivaron su incoación y que posteriormente han dado lugar a la incoación de nuevas piezas separadas" o incluso a una nueva causa, como la relacionada de Tsunami Democràtic, a cargo de la Audiencia Nacional.
El 1 de agosto de 2023, el instructor decidió prorrogar la investigación seis meses más "por si resultara necesario practicar más diligencias de prueba comunes a las demás piezas y hasta tanto no finalicen estas". Argumentó la prórroga por "la extraordinaria complejidad de la causa, con la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios), y los voluminosos informes remitidos por la policía judicial".
Ahora los magistrados de la Audiencia de Barcelona anulan esta decisión y aseguran que el juez no siguió "los requisitos esenciales" que fija la ley para prorrogar una instrucción, principalmente al no haber concretado qué diligencias necesitaba llevar a cabo y qué relevancia tienen para la investigación.
Las diligencias acordadas por el juez Aguirre en enero aludían a nuevas investigaciones sobre el ofrecimiento de una Cataluña independiente a la Rusia de Vladimir Putin para que la nueva república se convirtiera en una suerte de Suiza de las criptomonedas a cambio de apoyo económico y militar del Kremlin. Las pesquisas incluían también los contactos de personajes como el director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, de David Madí, que fue la mano derecha de Artur Mas, o Víctor Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de Convergencia con elementos del entorno de Putin, agentes de sus servicios secretos y diplomáticos así como personajes de la extrema derecha alemana e italiana. Toda esa investigación podría quedar invalidada si la Audiencia Provincial de Barcelona no da el visto bueno a la prórroga de la instrucción acordada en agosto de 2023.
Reunión de Puigdemont con la diplomacia de Putin
El juez Joaquín Aguirre destacó en dicho auto del pasado mes de enero que "consta acreditado que Josep Lluís Alay tuvo con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, una serie de conversaciones por mensajería instantánea que revelan de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin, ya que se refieren a la necesidad de que Puigdemont no critique la labor de Putin respecto al disidente Navalny y que tampoco critique al presidente de Bielorusia Viktor Lukashenko. Ambos también viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".
El auto señalaba también una reunión en el palacio de la Generalidad y en presencia de Puigdemont con un par de sujetos que formaban parte de la diplomacia paralela de Putin. Uno de ellos, según información anónima remitida al juzgado, sería Nikolay Sadovnikov. Según esa documentación remitida al juzgado "en la reunión con el presidente de la Generalitat, varios testimonios confirman la oferta que realizó Sadovnikov de varios miles de soldados y de millones de dólares a cambio de que una Cataluña independiente fuera una Suiza de las criptomonedas".
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