Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan años exigiendo al Gobierno central que reconozca su trabajo como una profesión de riesgo. Es algo que ya tienen reconocidos los agentes de las policías autonómicas y locales, además de otros profesionales como bomberos, cantantes, bailarines, toreros o mineros, trabajadores ferroviarios y dedicados al transporte aéreo.
El principal beneficio de esta consideración es que estos trabajadores tienen un coeficiente mayor en la Seguridad Social por año trabajo y pueden acceder a la jubilación de antes que otros profesionales sin recorte ni penalización en su asignación económica. En la situación actual, por ejemplo, los agentes de policías nacionales y los guardias civiles reciben unos 12.200 euros anuales menos que un policía autonómico en la jubilación.
Los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, siempre han apoyado considerar a estos agentes profesión de riesgo cuando han estado en la oposición, y siempre han escurrido el bulto cuando han estado en el Gobierno. Pero la movilización que en los últimos años han realizado de forma conjunta los agentes de ambos cuerpos está consiguiendo, por lo menos, mover cierta actividad política relacionada con este tema.
Este miércoles, el Senado ha votado la consideración de profesión de riesgo para los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera –el cuerpo policial del Ministerio de Hacienda–. La iniciativa ha corrido a cargo del PP, que quiere aprovechar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para plantear una especie de gobierno alternativo a Pedro Sánchez, aunque luego las leyes que apruebe no sean refrendadas en el Congreso de los Diputados.
Y no ha habido sorpresas. El texto refundido de la Ley General de Seguridad Social para que estos profesionales sean considerados de riesgo y tengan opción a la jubilación anticipada ha sido aprobado con 147 votos a favor y 103 votos en contra. Ha contado con el apoyo de los senadores del PP, Vox y UPN. Por su parte, han votado en contra los electos de PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu. PNV y Junts se han abstenido.
Ahora la decisión final dependerá del Congreso, donde la simetrías de voto son totalmente opuestos y son los partidos que sustentan al Gobierno los que tienen la mayoría absoluta. Y donde el PSOE podría conseguir que la ley no saliese con una doble intención, darle ese logro al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al final de legislatura y ahorrarle, mientras tanto, una importante cantidad de dinero al Ministerio de Hacienda.
Y es que los socialistas defienden en su negativa a considerar profesión de riesgo a policías y guardias civiles tanto en el Congreso como en el Senado que esa decisión corresponde al Ministerio del Interior y que en el mismo ya existe un grupo de trabajo creado específicamente para desarrollar el encaje legal de este reconocimiento de profesión de riesgo en el ordenamiento jurídico.