El ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha lanzado un Real Decreto que obligará a los responsables de hoteles y particulares que desarrollen labores de hospedaje mediante plataformas como Airbnb a facilitar a su Ministerio 43 datos cada vez que un viajero se hospede en su inmueble. De todos ellos, 26 datos se refieren a información personal relativa al cliente, 12 más de los que se pedían hasta ahora.
Aunque la entrada en vigor de esta nueva norma estaba prevista para este mismo martes 1 de octubre, las presiones del sector han conseguido aplazar la imposición de estos controles que, según Interior, tienen el objetivo de avalar la seguridad de los ciudadanos.
En concreto, varias patronales europeas tramitaron el mes pasado una carta al Gobierno que preside Pedro Sánchez exigiendo su anulación y aplazamiento hasta que las empresas del sector se vieran capacitadas para cumplir las exigencias de la norma.
Según el Real Decreto 933/2021, se prevé la recopilación de nuevos datos como: la residencia habitual, la relación de parentesco con los menores que los acompañen en el viaje, la fecha de entrada y salida, si hay conexión a internet en el lugar donde se hospedan y numerosos datos relacionados con los métodos de pago. Hasta ahora, según se establece en la legislación actual –promulgada en 2003— los hoteles solo compartían 14 datos básicos relacionados con la identidad de sus clientes como el DNI, pasaporte, teléfono móvil o la fecha de caducidad de los documentos.
Respecto a los datos exigidos, el sector turístico insiste en que muchos establecimientos no pueden ponerlo en marcha por falta de recursos. Sin embargo, estos impedimentos no son los únicos que preocupan a los propietarios y clientes de plataformas hoteleras, quienes han mostrado inquietud en torno a los problemas de confidencialidad que la tramitación de estos datos personales puede ocasionar.
Transferencia de datos
Los datos serán enviados al Ministerio de Interior para ser "conservados" en dos ficheros radicados en la Secretaría de Estado de Seguridad. En el decreto se establece que solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán utilizar en el desempeño de competencias relacionadas con la prevención como la detección y la investigación de delitos. Por ello, en caso de presunto delito, también tendrán acceso a ellos la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal.
Por su parte, el titular de la cartera de Interior ha defendido este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el real decreto ha pasado todos los informes oportunos y que no ha sido objeto de impugnación.
"Esta normativa estudió, valoró y tuvo en consideración todos los intereses, tanto el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, como también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos", añadió el ministro, que este viernes se reunirá con los representantes del sector turístico.
Multas de hasta 30.000 euros
Los alojamientos que incumplan la nueva normativa tendrán multas considerables. Están infracciones quedan recogidas en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Los propietarios se enfrentarán a graves infracciones en el caso de no disponer de registros documentales o de no comunicar todos estos datos. Como se recoge en el artículo 36.20 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, pueden llegar a ser de 30.000 euros.
Malestar en el sector hotelero
A pesar de sus intentos, Interior no ha conseguido calmar al sector con el cambio de fecha, ya que los hosteleros siguen garantizando que no es suficiente y exigen modificaciones en el documento. Según ha explicado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) no se trata de una cuestión de tiempo para adaptarse al cambio tecnológico, sino que es necesario la revisión completa del contenido, que esté basada en el conocimiento de la propia actividad turística.
De hecho, el presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha asegurado que es un real decreto con muchas carencias que "incumplen la normativa europea" y añade que están "a favor de colaborar de acuerdo con la legislación de Bruselas" con el objetivo de conseguir un texto asumible tanto para la patronal como para el Ejecutivo "y que no lastre la competitividad" del sector hotelero.
Afecta a las agencias de viajes
Este nuevo registro de viajeros también obligará a las agencias de viajes –tanto grandes agencias como pymes— a comunicar los datos del alojamiento y del alquiler de vehículos de cada reserva. Una exigencia que las agencias consideran desmedida, al suponer un peligro para la viabilidad del sector.
Desde la patronal de las agencias de viajes, igual que en el sector hotelero, aseguran que esta medida va a ser difícil de llevar a cabo por la mayoría de las empresas de viajes, casi todas ellas pymes, al no contar con medios técnicos y personal suficiente.
