La fiscal del caso Begoña Gómez trabajó con Conde-Pumpido y con los ministros socialistas Campo y Caamaño

La fiscal Lorena Álvarez Taboada, encargada del caso Begoña Gómez junto a su compañero José Manuel San Baldomero, trabajó para el actual presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido y los exministros de Justicia socialistas Juan Carlos Campo y Francisco Caamaño.

Tal y como publicaba LD, esta fiscal se mofaba de la investigación del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por acordar el pasado mes de agosto el registro del amigo empresario de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. "Qué se esperaba encontrar en relación a los contratos; ¿cartas ocultas de Begoña Gómez recomendando?", se preguntaba en un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Según ha podido saber Libertad Digital, la fiscal Álvarez Taboada asesoró a Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia con el PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero entre el año 2009 y el 2011, en un cargo de "libre designación" del Ministerio. Su tarea la desempeñó en comisión de servicios.

Posteriormente, tomó posesión como fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado dirigida entonces por el actual presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido.

Durante el discurso de toma de posesión, el propio Conde-Pumpido afirmaba lo siguiente sobre la fiscal: "Será de enorme provecho su tarea, anterior a esta última etapa, en la Secretaría General de Modernización del Ministerio de Justicia. Contar con una profesional que ha vivido y conoce tan de cerca la política de modernización que a veces nos resulta algo difícil de comprender en su proyección específica sobre el Ministerio Fiscal, tal vez pueda contribuir a una mejor y más rápida culminación de un proceso de renovación de medios y procedimientos que lleva años abierto y a veces parece que nunca se va a cerrar".

Además, Álvarez Taboada trabajó en una comisión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez sobre Justicia, concretamente en la encargada de elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía dar la dirección de la investigación a los fiscales, en detrimento de los jueces. Dicha comisión fue designada en el año 2020 por el Ministerio de Justicia que dirigía el socialista Juan Carlos Campo. "Siempre ha sido muy cercana al Partido Socialista", apuntan.

Esta fiscal también levantó polémica durante la instrucción de otras causas como el ‘caso Neurona’. En este procedimiento, el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid investigó al partido de Pablo Iglesias por financiación ilegal y delito electoral. En dicha causa, fueron imputados varios dirigentes de Podemos como el nº 2 de Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo; el tesorero del partido, Daniel de Frutos; o la gerente del partido, Rocío Val.

En la investigación del ‘caso Neurona’, esta fiscal solicitó archivar todas las presuntas irregularidades denunciadas por el exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, a excepción de la contratación de la consultora Neurona, considerando la citada denuncia como "rumores, sospechas o suspicacias". Fuentes del caso denunciaron que "actuaba más como abogada defensora de Podemos que como fiscal".

Su recurso en el caso Begoña Gómez

En su recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid en el marco del caso Begoña Gómez, la fiscal Lorena Álvarez Taboada examinaba los contratos adjudicados a Barrabés, entre otros, por el Ayuntamiento de Madrid y hacía estas valoraciones: "Se inicia la contratación el 11 de diciembre de 2020, esto es, casi un año y seis meses después de que el Ayuntamiento de Madrid estuviera gobernado por el Partido Popular. Así que, la cuestión es: ¿Cuál es la influencia de la mujer del presidente del Gobierno perteneciente al PSOE en un Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular? Las máximas de la experiencia determinan que ninguna; más aún, la relación podría perjudicar al contratista".

"Trascendencia social no debe confundirse en modo alguno con escarnio público. No se precisa cómo se han utilizado tecnologías de información en la comisión de los hechos que supuestamente se investigan", concluía.

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