La Fiscalía se ha mofado de la investigación del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tras acordar el pasado mes de agosto el registro del domicilio y de la oficina del amigo empresario de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés: "Qué se esperaba encontrar en relación a los contratos; ¿cartas ocultas de Begoña Gómez recomendando?".
Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se incautaron en el registro del domicilio de Barrabés de una tableta electrónica, dos ordenadores portátiles e intervinieron la información de cuatro cuentas de correo electrónico el pasado 23 de agosto. En su oficina, requisaron un teléfono móvil, un disco duro, intervinieron 7 cuentas de correo electrónico y la información de un sistema de mensajería instantánea de Barrabés y de otros 5 trabajadores. El Ministerio Público ya intentó de forma infructuosa anular los registros recurriendo ante el juez Peinado.
En un escrito de 12 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la fiscal Lorena Álvarez Taboada solicita a la Audiencia Provincial de Madrid anular el auto del juez Peinado que acordó los registros de Barrabés por supuesto incumplimiento de los "estándares legales y constitucionales". "Aun cuando el derecho al recurso es un derecho de los investigados y no de la parte acusadora, la ejecución de la entrada y registro antes de la notificación al fiscal impide el control por parte del mismo del cumplimiento de los requisitos legales, vulnerando la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española", afirma.
Según la Fiscalía, "los únicos hechos objeto de investigación vinculados al investigado siquiera por referencia lejana, era el Máster de la Complutense". A continuación, la Fiscalía examina los contratos adjudicados a Barrabés, entre otros, por el Ayuntamiento de Madrid y hace estas valoraciones: "Se inicia la contratación el 11 de diciembre de 2020, esto es, casi un año y seis meses después de que el Ayuntamiento de Madrid estuviera gobernado por el Partido Popular. Así que, la cuestión es: ¿Cuál es la influencia de la mujer del presidente del Gobierno perteneciente al PSOE en un Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular? Las máximas de la experiencia determinan que ninguna; más aún, la relación podría perjudicar al contratista".
"La Sra. Gómez no interviene y las ofertas de la mercantil de Barrabés es la más ventajosa para la administración. Por otro lado, en cada expediente intervienen multitud de funcionarios públicos, lo que hace difícil una ‘confabulación’ de todos ellos para beneficiar a la Sra. Gómez o al Sr. Barrabés. Por lo tanto, ningún indicio hay de delito en los anteriores contratos", añade.
"Trascendencia social no debe confundirse en modo alguno con escarnio público. No se precisa cómo se han utilizado tecnologías de información en la comisión de los hechos que supuestamente se investigan. Más aún, tampoco entendemos qué se esperaba encontrar en relación a los contratos; ¿cartas ocultas de Begoña Gómez recomendando?, la lógica determina que, si existieran, estarían en los domicilios de los organismos contratantes, no del contratista", señala la fiscal olvidando que el procedimiento se originó por las cartas de recomendación de la esposa de Pedro Sánchez para adjudicar contratos a Barrabés.
"Y también queda, dadas las continuas filtraciones, los que los hubieran recibido los habrían destruido años después de su dudosísima recepción. ¿Fueron correos electrónicos? ¿Llamadas de teléfono? En fin, no queremos insistir por cuanto los argumentos no hacen sino en incidir en la falta de concreción de los hechos investigados y mucho menos en justificar esta medida", subraya.
Ayunos como estamos de motivación fáctica
El escrito de la Fiscalía continúa arremetiendo contra el juez Peinado: "Ayunos como estamos de motivación fáctica, tampoco se entiende la necesidad de una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la investigación. El auto solo dice que es posible encontrar documentos para la investigación, pero permite la obtención de evidencias en relación a personas que pudieran ser herramienta, sin precisar cuál es la sociedad afectada o personas de relevancia para la investigación.
"De nuevo nos encontramos con alegaciones genéricas e imprecisas, que no justifican una intromisión de tal calado en la vida del investigado y de su familia", concluye el escrito.