La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana avalada por EH Bildu supera entre reproches su primer escollo en el Congreso

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por la izquierda y la extrema izquierda como Ley Mordaza, ha dado un primer paso en el Congreso de los Diputados. El Gobierno y sus socios han conseguido el apoyo parlamentario suficiente para evitar que las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox mandaran todo el trabajo de sus asesores a la casilla de salida. Pero el camino que queda pendiente no es nada fácil.

Éste es el segundo gran intento del Gobierno de Pedro Sánchez por modificar esta ley, después del naufragio de su primera legislatura, en la que EH Bildu y ERC echaron abajo el articulado que habían pactado PSOE, Podemos y otros partidos de izquierdas y nacionalistas por considerarlo "demasiado light". Fue uno de los fracasos políticos más sonados del Gobierno de coalición en esa legislatura.

Hay que recordar que el presidente del Gobierno se ha comprometido en muchas ocasiones, por activa y por pasiva, a modificar este texto legal. Y hay que reconocer que esta vez sí ha puesto toda la carne en el asador para hacerlo. Tanto, que la propuesta que se maneja en la Cámara Baja supera las cuatro grandes líneas rojas que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, puso en la primera legislatura y que hicieron fracasar aquella reforma.

Se trata, ni más ni menos, que la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de los agentes antidisturbios que controlan la seguridad en las manifestaciones y protestas; las infracciones por las faltas de respeto a los agentes de las Fuerzas de Seguridad; las multas por la desobediencia a los policías; o la limitación de los rechazos en frontera, lo que la izquierda y la extrema izquierda denominan como ‘devoluciones en caliente’.

Unas líneas rojas que saltaron por los aires en un acuerdo parlamentario alcanzado por el PSOE y EH Bildu –la formación política que integra en su seno a los herederos de Batasuna-ETA– que fue anunciado el pasado mes de octubre. Y que pocas horas después fue bendecido por Arnaldo Otegi, el veterano dirigente batasuno que lidera la coalición electoral independentista y quien fuera uno de los rostros asociados a la justificación política de los asesinatos de ETA.

Este hecho, precisamente, es el que ha tensado todo el debate en el hemiciclo. "Ustedes defienden a delincuentes y a los que quieren echar a la Policía y la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña, y nosotros a españoles que quieren sentirse seguros", ha dicho Ana Vázquez, portavoz del PP en materia de Interior, quien no ha dudado en decir que el texto ha sido redactado por Otegi, "un condenado por terrorismo".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha acusado al Gobierno y a sus socios parlamentarios de querer "amordazar a los ciudadanos que quiere salir a la calle tranquilos, poder defender su propiedad contra la okupación o tener unas fronteras seguras". Ambos grupos han recogido la indignación policial por esta reforma, que se vio con varias movilizaciones multitudinarias la pasada legislatura, y con una hace pocas semanas en este ciclo parlamentario.

La enmienda de los populares fue rechazada con 169 votos a favor y 176 en contra. Mientras que la de Vox lo fue con 33 votos a favor, 137 abstenciones y 176 en contra. El camino ahora de la reforma es arduo. Tendrá que crearse una ponencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para ser aprobada primero en este órgano, ser aprobada después en el Pleno y saltar posteriormente al Senado para su ratificación.