"Queda constatado con ello […] que además de la directora de Gabinete de [Óscar López], Pilar Sánchez Acera, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, tenía constancia de ese email antes de su publicación en los medios. Asimismo, según expone el propio director de Gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, David del Campo, existían otros estamentos de la Administración Estatal y/o del PSOE – como son el director de comunicación de la ministra de Vivienda [en aquel momento portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez], Laura Sánchez Espada, y el director del PSOE, Ion Antolín Llorente- , que, junto al anterior, sabían igualmente de la existencia de ese email y pretendían que el secretario general del PSM, Juan Lobato, lo hiciera público", sostiene la UCO.
En el informe al que tuvo acceso Libertad Digital, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil describe la secuencia de los hechos que tuvo lugar el 13 y el 14 de marzo de este año y que aparece recogida en el móvil del que fuera líder de los socialistas madrileños hasta hace unas semanas. Lobato acudió a una notaría para levantar acta de la conversación mantenida por WhatsApp con Sánchez Acera pero el volcado de los datos de su teléfono arrojó más luz de lo sucedido aquellos días. Esto es, el interés del PSOE y el Gobierno en utilizar el caso de Alberto González Amador para tratar de desgastar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que el email con los datos reservados de González Amador había llegado a la Moncloa antes de su publicación en los medios.
Pide analizar las conversaciones de García Ortiz con cargos de Moncloa
Así las cosas, la defensa del novio de Ayuso ha pedido al juez del Tribunal Supremo que analice posibles conversaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y su sucesor y ex director de comunicación del PSOE Ion Antolín; y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de González Amador solicita al magistrado Ángel Hurtado que acuerde dicha diligencia después de este informe de la UCO. En concreto, solicita que se amplíe el análisis de los dispositivos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, a "todas las conversaciones que figuren en los dispositivos mantenidas" con dichos cargos de Moncloa señalados en el último informe de la UCO y con tres periodistas, si las hubiera.
Respecto de estas personas también pide al magistrado que ordene a las compañías telefónicas para que "conserven los datos generados y tratados" desde 7 de marzo. Y, además, quiere que se reclame al director de gabinete del Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid, David del Campo, sus conversaciones entre el 7 y el 14 de marzo con Valles, Antolín y Sánchez Espadas.
Pide la imputación de Villafañe
Al margen, insta al instructor que pida a Google la copia de "todos los correos electrónicos" de la cuenta personal de García Ortiz en los que se incluya "Ayuso" y "ciertamente se han cometido dos delitos".
La defensa también solicita al magistrado instructor la imputación de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Además de su imputación, ve pertinente que se pida a Meta -propietaria de WhatsApp- la copia de "todas las conversaciones y archivos" que García Ortiz y Villafañe hubieran generado desde el 7 de marzo, así como "información sobre el posible borrado de conversaciones", una vez que la UCO ha informado de que no se ha encontrado ningún mensaje en el móvil del fiscal general: "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el período analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024"
Cabe recordar que en el informe que realizó la UCO sobre la información incautada en el registro al despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, los agentes apuntaron que Rodríguez señaló que el 7 de marzo se envió "todo" lo relativo al caso de González Amador a Villafañe.
En el marco del escrito, también pide al juez que requiera al delegado de protección de datos de la Fiscalía la "copia de los protocolos" relacionados con el uso de teléfonos móviles por parte de los fiscales, así como con el uso del correo electrónico personal. Asimismo solicita la "relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo miembros de la Fiscalía General del Estado hayan cambiado de dispositivo".