El Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando recursos públicos para defender al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el marco de la trama Koldo.
La defensa de Ábalos presentaba el pasado miércoles ante el Tribunal Supremo numerosa documentación con el objetivo de desmontar las acusaciones vertidas por el comisionista Víctor de Aldama. Entre dicha documentación, se presentaban dos informes elaborados por el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente sobre las constructoras de obra civil y de ADIF.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "es un escándalo que el Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Transportes de Óscar Puente esté contribuyendo a la defensa de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes tendrá que aclarar cuál ha sido la vía empleada para disponer de los dos informes del Ministerio de Puente que ha presentado ante el Supremo".
"Dichos informes tendrían que haber sido presentados directamente ante el Alto Tribunal por parte del Ministerio de Transportes. Se debe investigar cómo Ábalos los ha obtenido para reforzar su defensa. Obviamente, ningún otro ciudadano español puede conseguir informes oficiales de un Ministerio y que encima sirvan para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD no descartan que "se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos, ya que los dos informes aportados por Ábalos han sido elaborados por funcionarios públicos y por tanto, se han destinado recursos de todos los españoles para defender a la exmano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el Partido Socialista".
"Esta actuación del Ejecutivo socialista de ayudar a Ábalos en su defensa sigue abonando la posibilidad de que se haya alcanzado un pacto entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, todo ello, cuando hace pocos días Aldama aseguraba en el Supremo que el propio Ábalos recaudaba mordidas para financiar ilegalmente al partido de Pedro Sánchez", concluyen.
Recordamos que el pasado 12 de diciembre en su declaración voluntaria ante el Supremo, Ábalos negaba haber cometido cualquier delito y haber cobrado comisiones ilegales.
Por su parte, el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, acordaba la semana pasada solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria de Ábalos al apreciar "indicios bastantes" de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado entendía que "ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados" de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente".
Informes del Tribunal de Cuentas
Cabe destacar que entre la documentación aportada por José Luis Ábalos al Supremo se ha incluido un informe del Tribunal de Cuentas que preside la izquierdista Enriqueta Chicano y que fue elaborado por el consejero elegido por el PP Javier Morillas. Dicho informe avaló los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19 que se investigan en la trama corrupta en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.
Entre la documentación aportada por Ábalos al Supremo también aparecen informaciones periodísticas sobre la parte de la investigación que asumió la Fiscalía Europea, preguntas parlamentarias al Gobierno y relativas a la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes, cuando ya estaba al frente Óscar Puente. Además, incluye las resoluciones judiciales que se han ido dictando sobre la visita al aeropuerto madrileño de Barajas de la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y las distintas comparecencias que se han producido en la comisión del caso Koldo en el Senado.
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