Una docena de ministros y altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez están ya salpicados por un posible delito de tráfico de influencias presuntamente cometido en el marco de la trama Koldo.
El comisionista Víctor de Aldama declaró como investigado el pasado 16 de diciembre ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. En su comparecencia, reveló que pagó comisiones ilegales al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para engrasar la relación con otros ministros socialistas. Además, precisó que logró su objetivo con estos pagos, ya que se le abrieron las puertas de otros Ministerios del Ejecutivo socialista.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Aldama ya ha salpicado con el delito de tráfico de influencias a medio Gobierno de Pedro Sánchez durante su primera comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y posteriormente, en su reciente declaración en el Tribunal Supremo".
Aldama ya ha señalado directamente en sede judicial a ministros como la que fuera vicepresidenta económica Nadia Calviño, la que fuera ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, la que fuera ministra de Industria Reyes Maroto, el también exministro José Luis Ábalos o el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
El comisionista también ha salpicado a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso Francina Armengol, o el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Por otros presuntos hechos delictivos, Aldama ha señalado a su vez al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, exministro de Sanidad Salvador Illa o el exministro para la Transformación Digital Óscar López.
Por último, el empresario también ha señalado a la propia esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez por impulsar un proyecto sobre la ‘España vaciada’ con la filial de Gobalia, Wakalua, y la entonces ministra Teresa Ribera.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "el delito de tráfico de influencias es una forma de corrupción administrativa que se comete al influir de forma real o simulada sobre una autoridad o funcionario público haciendo uso de una situación de prevalimiento. A través de ella se conseguirá, directa o indirectamente, un beneficio económico ilegítimo, para uno mismo o para terceros, mediante una resolución".
"La docena de altos cargos y ministros salpicados por el presunto delito de tráfico de influencias tendrían que ser investigados por estos hechos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo", concluyen.
El delito de tráfico de influencias
El delito de tráfico de influencias está regulado en los artículos 428 a 430 del Código Penal y existen tres formas básicas de incurrir en él: cuando una autoridad o funcionario público influye en otra autoridad o funcionario público: el sujeto en cuestión aprovecha el ejercicio de las funciones de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica; cuando un particular influye en un funcionario público o autoridad: el sujeto se aprovecha de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad; y cuando un sujeto se ofrece a ejercer influencias: el sujeto se ofrece a ejercer influencias tras solicitar dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, ofrecimiento o promesa.
Las penas para este delito varían según el tipo de infractor. Para funcionarios públicos, la pena es de 6 meses a 2 años de prisión, multa del tanto al duplo del beneficio y la inhabilitación de cargo público y del derecho de sufragio pasivo de 5 a 9 años. Para particulares, la pena de cárcel y multa es la misma, con la adición de prohibiciones de contratar con el sector público, obtener subvenciones o ayudas públicas o tener beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social de 6 a 10 años.
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