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La juez Biedma ordena a la UCO investigar los correos electrónicos borrados sobre la contratación de David Sánchez

En una providencia de 3 páginas, a la que ha tenido acceso LD, la instructora acuerda "investigar dicho extremo" y recuperar los correos.

En una providencia de 3 páginas, a la que ha tenido acceso LD, la instructora acuerda "investigar dicho extremo" y recuperar los correos.
David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. | Europa Press

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigar los correos electrónicos borrados sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, David Sánchez, en la Diputación Provincial de Badajoz.

En una providencia de 3 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la instructora señala que "una vez realizadas y analizadas las testificales y declaraciones de investigados acordadas", se considera necesaria la práctica de las siguientes diligencias de investigación:

"Constando en el atestado , en cuanto a la información obtenida a través de la cuenta corporativa de correo electrónico de la Directora del Conservatorio Profesional Yolanda Sánchez Baltasar, que se comprobó que entre el día 21-6-2017 y el 24-7-2017 no aparece ningún correo electrónico, hecho según los agentes investigadores que "no parece responder a un periodo de inactividad de la mencionada cuenta, ya que, se han encontrado correos en la propia cuenta de esta persona y en otras que reflejan cadenas de mensajes en las que aparece su dirección de correo entre las dos fechas descritas", y puesto que Yolanda Sánchez Baltasar manifestó en su declaración que no borró voluntariamente dichos correos y que los ponía a disposición de este Juzgado, procédase por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a investigar dicho extremo y a la recuperación de los correos cuya intervención fue acordada judicialmente en el caso de que sea posible", destaca.

"Cítese personalmente, en sus correspondientes puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz y con entrega de las correspondientes cédulas por parte del Servicio encargado de las notificaciones en la Nueva Oficina Judicial, a las siguientes personas para que comparezcan ante este Juzgado a fin de ser oídos en declaración como testigos: Nersés Avakimyán Gasparóv, actual profesor de violín en el Conservatorio Profesional de Música "Juan Vázquez" y aspirante al puesto de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios", el día 7-2-2025 a las 9:30 horas; José Luis Albarrán Babiano, encuadrado en el Área de Recursos Humanos , el día 7-2-2025 a las 10:00 horas; José Ramón Suárez Arias, Jefe de Servicio del Área de Recursos Humanos, el día 7-2-2025 a las 10:30 horas; y Julián Expósito Talavera, encuadrado actualmente en la Dirección de Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, el día 7-2-2025 a las 11:00 horas", añade la magistrada.

"Puesto que David Sánchez Pérez-Castejón declaró trabajar habitualmente, como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con Ángel Seco López y con Luis Carrero Pérez, y constando correos electrónicos con estas personas mucho antes de que aparezcan en el Organigrama de la Delegación de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, requiérase a dicha Institución, a través del Letrado Sr. Mendoza personado en su nombre, para que a la mayor brevedad se aporte toda la documentación completa relativa al procedimiento de creación y adjudicación de los Puestos de Trabajo denominados " 00140. Tco. Sup. Formación (133)" , ocupado desde 2022 por Ángel Seco López, y a la "SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE CENTROS Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS", donde se encuadra el puesto "05002-j-Secc (612120OtraAdmonA1)" ocupado desde 2023 por Luis María Carrero Pérez, así como los contratos firmados por estas personas con la Diputación", señala la providencia.

Los contratos

La juez Bidema también reclama que se aporten "también los contratos que vinculen a Javier González Pereira con el Proyecto Ópera Joven y los informes justificativos para la contratación del mismo".

"Se concede un plazo de 5 días al Ministerio Fiscal, representación procesal de la Unificación de las Acusaciones Populares y a las defensas para que soliciten la práctica de diligencias que consideren imprescindibles antes de dictarse la resolución prevista en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que proceda, o , en su caso, interesen o hagan las alegaciones que a su derecho convengan", concluye.

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