La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afeado los ataques a los jueces del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses: "Se erosiona el Estado de Derecho""
Perelló ha pedido hoy, durante su intervención en el acto de entrega de despachos a los integrantes de la 73 promoción de la Carrera Judicial presidido por Felipe VI, respeto "a los tiempos y las razones de los jueces" y ha recordado que sin confianza en las instituciones "no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes".
"Lamentablemente, vivimos tiempos en los que, ya sea por desconocimiento o por otras razones, en lo que se refiere al Poder Judicial se vierten críticas totalmente infundadas al ejercicio de la función jurisdiccional por jueces y magistrados", ha dicho Perelló, en cuya opinión "no son aceptables los reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial, pues de esta manera se erosiona el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática".
Perelló ha añadido que la separación de poderes exige que los jueces sean cautelosos a la hora de expresar públicamente sus opiniones, pero que "también los actores sociales deben a su vez respetar los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada".
La presidenta del TS y del CGPJ ha agregado que los jueces están obligados a motivar en Derecho sus decisiones y que la calidad de sus argumentos puede y debe ser sometida a escrutinio público, pero que "los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a los jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar".
"Solamente conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y sin confianza en las instituciones –Corona, Parlamento, Gobierno y Jueces– no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes", ha dicho.
Tras recordar que el artículo 117 señala que los jueces y magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, Perelló ha asegurado que "esta es la piedra angular sobre la que se sustenta el sentido de la Justicia en un Estado de Derecho en el seno de la Unión Europea, en el que la separación de poderes es esencial".
"Para ello es esencial que podáis desarrollar vuestra labor sin interferencia alguna, atendiendo únicamente a la Constitución, a la ley y a las normas jurídicas, sin presiones directas ni indirectas de ningún poder público o privado", ha añadido, para subrayar a continuación que "solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son Estados de Derecho".
"Perseverar" en la defensa de la independencia
La presidenta del TS y del CGPJ ha animado a los nuevos jueces a "perseverar" en la defensa de su independencia y a no dejarse influir por elementos externos o internos que les alejen del verdadero sentido de la función judicial, "que no es otra que aplicar la ley a cada cual, según corresponda en Derecho, con arreglo al principio de igualdad".
"Lo anterior no supone que debáis ser inmunes a la crítica, pues la crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y nos ayuda a mejorar. Pero hay que evitar embates destructivos carentes de rigor, destinados a socavar la legitimidad y la reputación del Poder Judicial o de sus integrantes", ha agregado.
Tras estas palabras, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un comunicado conjunto para celebrar y respaldar su defensa del sistema de acceso a la carrera judicial.
Comunicado de @juecesAPM @JuecesAJFV @FJuecesIndepend sobre las manifestaciones de la Presidenta del CGPJ defendiendo el sistema de acceso a la carrera judicial. pic.twitter.com/pVn042NB68
— APM Nacional (@juecesAPM) January 23, 2025
"La separación de poderes y el Estado de derecho imponen un especial respeto en las relaciones entre los poderes del Estado, sin que pueda admitirse injerencia que ponga en riesgo la garantía de los derechos de los ciudadanos", concluye.
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