El empresario Víctor de Aldama ha denunciado que no puede acceder a algunos mensajes de su teléfono móvil intercambiados con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.
El PSOE, personado como acusación popular en la trama Hidrocarburos, presentaba un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitando prisión provisional sin fianza para Aldama. La defensa de Aldama, que lidera el penalista José Antonio Choclán, ha presentado en las últimas horas un escrito ante Pedraz contestando al PSOE.
En el escrito de 6 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, afirma que "la colaboración con la Justicia obviamente no ha terminado. Se está a la espera de poder completar el análisis del contenido del teléfono móvil de mi mandante, modelo Iphone, donde se contiene información relevante tanto para el esclarecimiento de los hechos a que se refiere el presente procedimiento, como los relativos a las DP 65/2023, seguidas ante el Ilmo. Juzgado de Instrucción núm.2, así como los relativos a la Causa Especial 20775/2020 seguida ante el Tribunal Supremo".
"En particular, en el referido dispositivo se contiene una amplia lista de contactos, incluso con miembros del Gobierno actual, Jefes de Gabinete o responsables de empresas públicas, con los que se mantuvieron comunicaciones de whatsapp de interés para la investigación, y a las que es necesario poder acceder completamente para poder acreditar varios de los hechos que fueron objeto de la declaración prestada el pasado día 21 de noviembre ante el Juez Central de Instrucción num. 2, y la posterior ante el Excmo. Sr, Magistrado Instructor del Tribunal Supremo, y lo será para la que deba prestarse en este Ilmo. Juzgado", añade.
"Tras un primer análisis, aunque ya se dispone de datos relevantes, se aprecia que resultará necesario que se nos faciliten los terminales de los iPhone incautados para poder realizar nuevos volcados de parte, al haber apreciado, según informe de perito forense, que algunas de las contestaciones de whatsapp de miembros del Gobierno (no sucede lo mismo con otros interlocutores) aparecen con un mensaje de "el código de seguridad ha cambiado" que impiden acceder a su contenido, lo que se solicitará oportunamente al Juzgado. Por ejemplo (no puede verse la contestación, relevante de D. Carlos Moreno (jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero) sobre la conversación relativa al aplazamiento de la deuda de PILOT REAL STATE)", destaca.
¿Obstrucción a la Justicia del PSOE?
El escrito también contesta a las acusaciones vertidas por la formación de Pedro Sánchez: "El PSOE considera que la colaboración ha sido una falacia. Lo primero que hay que decir es que la colaboración ya fue apreciada por la Fiscalía cuando informó la libertad al decir que ‘ha facilitado datos relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos investigados’. Esos datos afectaban a miembros del Gobierno cesados, a los actuales y al propio Partido Socialista Obrero Español. Se comprenderá fácilmente que el PSOE no es quien para valorar la trascendencia de la colaboración, sobre todo porque está recurrentemente afirmando que lo que se dijo en aquella declaración no se correspondía con la verdad, y cuya veracidad, sin embargo, se va demostrando paulatinamente, a medida de que se van disponiendo de las fuentes de prueba".
"Además, Víctor de Aldama no es la UCO, a quien compete la investigación de las líneas de investigación indicadas por él, tarea que se encuentra pendiente de ultimar. En el escrito presentado por esta parte el 4 de diciembre de 2024 en la referida causa Especial, antes de los registros a que alude el PSOE, se aportaron 7 documentos que recuperó el Sr. de Aldama y que no estaban a su alcance en prisión", subraya.
"Estos documentos comprometían paradójicamente al PSOE y fue precisamente la libertad del Sr. Aldama la que permitió que los Tribunales de Justicia pudieran disponer de ellos. Por tanto, "la comunicación permanente con otros miembros de la trama" no es, como afirma el PSOE, para ocultar las fuentes de prueba, sino precisamente para aflorarlas. El PSOE desde la puesta en libertad inició una campaña de difamación y desprestigio de don Víctor Aldama, e impulsó varias acciones, como la solicitud de licencia para proceder por delitos de injurias", apunta el escrito.
"La pretensión del PSOE presenta un inequívoco contenido coactivo e intimidatorio, que se sitúa en la estela del delito del art. 464 CP, que castiga a ‘El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, (…) en un procedimiento para que modifique su actuación procesal’. Es evidente que la prisión que se solicita no cumpliría ninguno de los fines constitucionales que la legitiman. Tan solo se pretende disuadir al Sr. de Aldama de seguir colaborando con la Justicia mediante su pretendida inocuización, esto es, su neutralización, lo que obviamente es una pretensión que encierra mala fe y abuso de derecho que debe ser rechazada de plano al amparo del art. 11 LOPJ", concluye.
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