El TC de Conde-Pumpido admite a trámite el recurso de Junqueras, Romeva y Bassa sobre la malversación en la amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha admitido a trámite los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras, Raül Romeva Rueda y Dolors Bassa contra la decisión de la Sala de Penal del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de amnistía del 1-O respecto al delito de malversación.

El Tribunal Constitucional aprecia que concurre una especial trascendencia constitucional porque los asuntos suscitados trascienden del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

Los recurrentes alegan en sus recursos de amparo la vulneración del derecho a la legalidad penal y al derecho a la representación y participación política. Asimismo, en relación a la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo, el Pleno ha acordado formar la oportuna pieza separada y dar traslado al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo para que efectúen alegaciones.

Se trata de los primeros recursos de amparo relativos a la amnistía que admite a trámite el TC, después de dar entrada a los 16 recursos de inconstitucionalidad --del PP y los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas donde gobierna, más el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page-- y a tres de las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad planteadas --una por el TS y tres por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), pendiente por cuestiones formales--.

Junqueras, Romeva y Bassa recurrieron en amparo dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, por la que se les denegó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus súplicas.

Los tres dirigentes condenados por el 1-O acudieron a la corte de garantías al considerar que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales. Fue el pasado julio cuando los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS rechazaron amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que sí afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.

La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva y Bassa, dado que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo las condenas de inhabilitación que se les impusieron.

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