Álvaro García Ortiz podrá ser juzgado sin renunciar a ser fiscal general del Estado pero antes deberá suspender cautelarmente de su cargo a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez. Ambos son investigados en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "García Ortiz se beneficiará de un limbo legal. El reglamento fiscal no podía prever que un fiscal general del Estado acabara sentado en el banquillo de los acusados. Por ello, se puede dar la situación paradójica de que se abra juicio oral contra el fiscal general y se siente en el banquillo de los acusados ostentando su cargo, a pesar de que él mismo tendría que suspender cautelarmente a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez. Este hecho ha provocado una gran indignación en el seno del Ministerio Público".
El artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que "la persona titular de la Fiscalía General del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal".
"Dicha suspensión", añade, "se acordará, en todo caso: cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas; cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento".
Por último, el reglamento fiscal recoge que "la suspensión podrá ser alzada por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, de oficio o a instancia del interesado, si varían las circunstancias que motivaron su adopción, tras oír a la Comisión Permanente del Consejo Fiscal y, en su caso, al propio afectado. Se alzará en todo caso si la causa concluye con sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento o archivo".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el magistrado instructor sí podría imponer como medida cautelar la suspensión de García Ortiz a petición de las partes". Cabe destacar que hasta el momento, esta solicitud ya ha sido rechazada en dos ocasiones tras la petición efectuada por las acusaciones populares que ejercen la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el sindicato Manos Limpias.
En su último auto al respecto, el magistrado Ángel Hurtado fundamentaba que, "con todo el conflicto que pueda suponer que la persona investigada a la vez ostente un cargo de la relevancia por su condición de fiscal general del Estado, el aspecto institucional no ha de ser obviado".
En este sentido recordaba los dos decretos firmados el 1 de abril de 2024 y 30 de octubre de 2024, en los que "se abstenía en intervenir en cualquier dación de cuenta o cualesquiera otras actuaciones". Así, "ese compromiso de abstención que viene de la Fiscalía, como institución, que es algo que no cabe obviar, me inclinan a no acceder a la suspensión cautelar", recalcaba el instructor.
A la espera de Whatsapp y Google
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informaba al Tribunal Supremo la semana pasada de que Google y WhatsApp han accedido a conservar los datos que poseen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El instructor acordó esta diligencia a petición de la propia UCO al considerar que la solicitud de la UCO era "razonable" y "coherente" para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos de García Ortiz.
Recordamos que el instructor del Supremo está a la espera de que tanto WhastApp como Google respondan a las comisiones rogatorias que acordó el pasado 20 de enero para intentar recuperar los chats y correos electrónicos de García Ortiz. En ambos casos se dirigió a Irlanda, si bien las autoridades irlandesas le han contestado que, en el caso del servicio de mensajería instantánea, debe enviarla a Estados Unidos, algo que ya está acordado.
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