El colectivo de los educadores sociales se ha movilizado tras el supuesto asesinato de una trabajadora de Badajoz a manos de unos menores en un piso tutelado sin que en él hubiese cámaras ni personal de seguridad. Unas medidas que ahora reclama el colectivo, que se siente olvidado por las administraciones y, en especial, por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
En este contexto, la educadora social Victoria Salinas ha conseguido recoger más de 110 mil firmas a través de la plataforma Change.org y las ha trasladado al departamento de Marlaska exigiendo más seguridad en los centros de menores y en los pisos tutelados, como en el que falleció la educadora de Badajoz, que habría sido asfixiada con un cinturón por los dos chicos de 14 y 15 años y por una chica de 17.
"No se están poniendo los medios que necesitamos", ha explicado la educadora social en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Ministerio del Interior, donde ha exigido "poder ir a trabajar con seguridad", al tiempo que ha denunciado el incumplimiento del ratio mínimo de educadores por turno. Una exigencia que han firmado más de cien mil personas en tan solo siete días, en los que, según ha aseverado, se han seguido sucediendo incidentes en los centros de menores.
De hecho, ha trascendido que uno de los detenidos por la muerte de la trabajadora en la provincia de Badajoz ha vuelto a intentar agredir a otra educadora social una semana después de haber llevado a cabo supuestamente el asesinato de la primera. Esta le habría transmitido una orden y, al no cumplirla, quiso agredir a la trabajadora; un intento que fue abortado por el personal de seguridad que sí se encuentra en vigilancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Menores Marcelo Nessi, donde ahora se encuentran recluidos los presuntos asesinos.
Todos han sufrido amenazas
En este mismo sentido, Salinas ha informado de que tanto ella como muchos de sus compañeros han sufrido "amenazas o lesiones y momentos muy duros" ya sea por "un motivo o por otro" ante "la pasividad" de las administraciones públicas. Por ello, ha reclamado como una medida "principal" que los educadores puedan llevar a cabo su labor con seguridad, ya que, según ha dicho, actualmente los pisos tutelados no cuentan ni con cámaras, ni protocolos de seguridad ni personal mínimo.
Así, Salinas ha explicado que ella misma dejó su trabajo en un centro de menores de reforma tras haber temido por su vida en varias ocasiones, siendo una de ellas, un motín organizado por lo menores. Respecto a la compañera asesinada, ha apuntado que es "impensable que estuviera sola en un turno que empezaba a las 8 de la tarde y que no contaba con los menores ya en sus habitaciones".