La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha solicitado al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido que "justifique la finalidad" de solicitar la providencia en la que los magistrados sevillanos planteaban la posibilidad de recurrir a la justicia europea tras la sentencia del TC sobre el caso de los ERE.
Conde-Pumpido trasladó al Pleno del TC este martes el "conflicto" suscitado por la intención de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por considerar que el Constitucional se extralimitó al anular las sentencias de más de una decena de condenados por los ERE del PSOE de Andalucía, incluidas las de los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El presidente del Tribunal de garantías encargará un informe a los letrados del Constitucional para determinar qué competencias tienen los jueces españoles en ese sentido e intentar declarar la nulidad de la providencia.
En una nueva diligencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla expone que "visto el estado de las actuaciones y habiendo recibido oficio del secretario del TC solicitando la remisión del testimonio de la providencia de fecha 18 de marzo, se interesa que se justifique la finalidad o razón de ser de tal solicitud".
La citada providencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla llegó después de que el Tribunal de garantías con su mayoría izquierdista, indultara a los condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía, en el que se desviaron 680 millones de euros de fondos públicos.
De esta forma, el TC anuló la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialista de la Junta como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Tras anular dichas condenas, el Constitucional ordenó a la Sección Primera de la Audiencia la emisión de nuevas sentencias, teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto.
El argumento del TC para el ‘indulto’ de los ERE
El TC argumentó que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían "incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española".
Según la mayoría izquierdista del Constitucional, "no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo"; avisando de que "los jueces, que están sometidos al imperio de la ley, tienen el deber de respetarla cualquiera que sea el juicio que su contenido les merezca" y "solo cuando consideran que es inconstitucional y que de su validez depende el fallo deben plantear cuestión de inconstitucionalidad, pero fuera de este supuesto no podrán cuestionar sus determinaciones".
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com