Cándido Conde-Pumpido busca letrados en el Tribunal Constitucional para amordazar a la Audiencia Provincial de Sevilla en la sentencia sobre los ERE del PSOE de Andalucía.
Conde-Pumpido trasladó la semana pasada al Pleno del TC el "conflicto" suscitado por la intención de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por considerar que el Constitucional se extralimitó al anular las sentencias de más de una decena de condenados, incluidos los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El presidente del Constitucional encargó entonces un informe interno a los letrados del Tribunal de Garantías para determinar qué competencias tienen los jueces españoles en ese sentido e intentar declarar la nulidad. Sin embargo, dicho informe concluyó que el TC no puede prohibir a un tribunal acudir a la justicia europea.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "Cándido Conde-Pumpido no se ha quedado de brazos cruzados tras el varapalo recibido con el informe de los letrados del TC. El presidente del Constitucional está sondeando a letrados izquierdistas afines e incluso a letrados que introdujo él mismo en el tribunal para que elaboren un contrainforme".
"El objetivo del contrainforme es impedir que la Audiencia de Sevilla presente una cuestión prejudicial ante el TJUE por el caso de los ERE. No obstante, Conde-Pumpido también quiere conseguir amordazar al Tribunal Supremo para que no recurra ante la justicia europea cuando el TC avale la Ley de amnistía y ampare al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont respecto a la inclusión del delito de malversación en esta misma norma", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "los movimientos son incesantes en el seno del TC en los últimos días. Varios letrados han rechazado la solicitud de elaborar un contrainforme para Conde-Pumpido. No obstante, el presidente del Constitucional continúa su búsqueda y probablemente, tarde o temprano encuentre a un letrado de su cuerda que acepte dicho encargo".
Recordamos que el caso de los ERE del PSOE de Andalucía es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Según acreditó la Audiencia Provincial de Sevilla primero y ratificó el Supremo después, se desviaron 680 millones de euros de fondos públicos destinados para ayudas a desempleados.
Las claves del primer informe
El primer informe elaborado por los letrados del TC de 14 páginas, publicado por este diario, concluyó que "una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional que pueda prohibir, limitar, o disuadir de cualquier manera a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial, no solo infringiría el sistema de las cuestiones prejudiciales regulado en el artículo 267 TFUE, sino que también produciría una injerencia en la independencia judicial de dicho órgano jurisdiccional, independencia judicial que forma parte del valor del Estado de Derecho y que también queda protegida por el Derecho de la Unión (artículos 2 y 19 TUE). Y en el supuesto de que el Tribunal Constitucional decida adoptar una decisión de tal naturaleza, los órganos jurisdiccionales afectados vendrían obligados a dejar inaplicada dicha decisión".
"Esta conclusión se deriva de forma directa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha sido analizada en el presente informe y, muy especialmente, de las sentencias dictadas en los asuntos Križan y otros (2013), IS (2021), Euro Box Promotion (2021), y RS (2022), que han sido objeto de un examen pormenorizado.
De forma adicional, todo ello daría motivos suficientes a la Comisión Europea para iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado español, con fundamento en la actuación de su Tribunal Constitucional, procedimiento que podría abocar a una sentencia del Tribunal de Justicia condenando a España por incumplimiento del Derecho de la Unión", añadía.
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