El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma ante la irrupción de un virus letal procedente de Wuhan. Aquel día comenzó el encierro físico y moral de todo un país. La COVID-19 trastocó la vida como ningún otro fenómeno en este siglo. El trauma colectivo, la pérdida de certezas, el colapso sanitario y económico, y la zozobra generalizada marcaron el inicio de una pesadilla que aún retumba.
Cinco años después, el Tribunal de Cuentas certifica lo que muchos denunciaron en tiempo real: el Gobierno gestionó la pandemia con un sistema de información precario, ineficaz y descoordinado, que agravó la tragedia.
El informe de fiscalización aprobado el pasado 27 de marzo pone negro sobre blanco la incapacidad tecnológica del Ministerio de Sanidad para afrontar una emergencia sanitaria de semejante magnitud. En sus propias palabras, los sistemas de información del Ministerio "no estaban suficientemente preparados" ni en rendimiento ni en interoperabilidad con los sistemas de las comunidades autónomas.
El Estado carecía de una arquitectura digital que permitiera recopilar, compartir y analizar los datos epidemiológicos esenciales para tomar decisiones vitales. En un momento donde cada minuto contaba, el Ministerio operó a ciegas.
Sin preparación, sin datos, sin control
La auditoría revela que no existía un sistema específico para la gestión y coordinación de emergencias sanitarias. Las alertas se gestionaban con Excel, llamadas telefónicas, correos electrónicos y videoconferencias. Un país europeo del siglo XXI enfrentando la mayor crisis sanitaria del siglo con herramientas propias de una oficina de los años noventa. Resulta inconcebible. Y sin embargo, fue real.
El sistema de vigilancia epidemiológica, SIVIES, creado en 1995 y nunca actualizado con rigor, colapsó desde los primeros días. No había interoperabilidad entre los datos, ni identificadores únicos para pacientes, ni capacidad de integración en tiempo real. Los datos llegaban con retraso, eran incompletos o directamente erróneos.
Las cifras del desastre: muertes, retroceso y deuda
Las consecuencias fueron dramáticas. El desconcierto de la información se tradujo en descontrol en los hospitales, retraso en la detección de casos, opacidad en las cifras y una gestión errática del suministro sanitario.
La pandemia dejó 150.426 fallecidos en España hasta junio de 2023, según datos del INE, de los cuales 135.207 se atribuyen directamente a la COVID-19. El país perdió casi dos años de esperanza de vida en 2020, la economía se desplomó un 17,8% y la deuda pública se disparó hasta el 101,8% del PIB. Una tragedia humanitaria, sanitaria y económica que exige responsabilidades.
Lejos de afrontarlas, el Ejecutivo de Sánchez construyó un relato autocomplaciente. "Salimos más fuertes", decían, mientras millones de españoles perdían familiares, empleos y certezas. Se ocultaron errores, se vetaron investigaciones y se utilizó la Fiscalía como escudo ante las querellas que pedían justicia. Hoy, el informe del Tribunal de Cuentas vuelve a poner al descubierto que la realidad fue bien distinta.
Recursos mínimos y la fragmentación digital
La improvisación tecnológica se extendió a todos los ámbitos. No existía un registro estatal de vacunación interoperable. El sistema REGVACU se creó a marchas forzadas y, aunque permitió una cierta trazabilidad de las dosis administradas contra el COVID-19, fue insuficiente y mostró serias deficiencias. Hasta 2,6 millones de vacunas no pudieron ser vinculadas a beneficiarios identificables en el sistema. A día de hoy, el sistema nacional de vacunación (SIVAIN) aún está pendiente de regulación efectiva.
En el control de fronteras, el caos fue similar. El 72% de los viajeros internacionales que debían realizar una prueba PCR no lo hicieron en plazo, y Sanidad no realizó seguimiento de los positivos detectados ni pudo determinar si los contagios eran importados. La aplicación Spain Travel Health (SPTH), aunque efectiva en su diseño inicial, no estaba conectada con SIVIES ni con el sistema de sanidad exterior (SISAEX), generando una fragmentación crítica de la información. Un 4,7% de las pruebas diagnósticas no pudo asociarse con la Tarjeta Sanitaria Individual. El caos era estructural.
Precariedad tecnológica, cero autocrítica
El informe también denuncia que el Ministerio era, en 2019, uno de los departamentos con menor inversión en tecnologías de la información. Sin personal cualificado, sin recursos, sin visión. Las reorganizaciones internas durante la pandemia agravaron el problema. Fue necesaria la contratación de una "oficina técnica" externa para mantener el mínimo operativo. Una muestra más de la precariedad institucional con la que se enfrentó la mayor emergencia en décadas.
El informe del Tribunal de Cuentas no es una opinión: es una radiografía oficial del colapso. La misma que ya adelantó en su día la revista The Lancet, que colocó a España entre los países con peor gestión de la pandemia. Pero ni siquiera ahora, con la perspectiva que da el tiempo y la evidencia fiscalizadora, ha habido un ápice de autocrítica por parte del Ejecutivo. Sánchez no ha pedido perdón. Nadie ha dimitido.
Y, sin embargo, el país sigue gobernado por quienes convirtieron la excepcionalidad en rutina, la incompetencia en relato y la tragedia en oportunidad política. La historia juzgará. Pero los ciudadanos merecen justicia antes. Y también memoria. Porque olvidar este desastre sería preparar el siguiente.
Ana Hernández es Doctora en Química Orgánica, especializada en Química Médica y Biología, con más de veinte años de experiencia como investigadora tanto en España como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones científicas y patentes.