Problemas para Armengol: la UCO cree que sus contratos con la trama son tan irregulares como los de Ángel Víctor Torres

La UCO hace tiempo que dio a la trama Koldo-PSOE el calificativo penal de organización criminal. Y eso implica que existe una organización que multiplica las prácticas delictivas, normalmente, con patrones similares. Y eso es justo lo que considera la UCO que ocurre entre los contratos con mascarillas de Canarias -cerrados bajo mandato del ahora ministro Ángel Víctor Torres- y los de Baleares -firmados y pagados bajo el mandato de la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Sobreprecios, relación directa con la trama, mascarillas en mal estado o no entregadas, y pagos acelerados. Se trata del mismo patrón detectado por la UCO en Canarias y Baleares y en sus contratos de mascarillas con la trama.

Compras por encima del valor de mercado

Más allá de los pisos con "señoritas" que denunció Aldama y Ángel Víctor Torres niega, los datos de sus contratos con la trama llaman la atención de una forma clara. Y es que Torres pagó a la trama en Canarias mascarillas un 560% por encima del valor de mercado.

La empresa Soluciones de Control, la principal de la trama de Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama fue contratada por el Gobierno de Canarias, tras la orden dada por Antonio Olivera, que ostentaba en aquel momento la condición de director general del Servicio Canario de Salud (SCS) y que, casualmente, es hoy el jefe de gabinete del ministro Torres. Olivera, de hecho, reconoció que fue él con quien contactó Íñigo Rotaeche -Soluciones de Gestión- para ofrecer el suministro de mascarillas.

Los datos más llamativos son los siguientes:

1. La contratación se hizo en abril de 2020.
2. Un 30% de las mascarillas eran defectuosas y no cumplían con el nivel de filtrado correspondiente.
3. A pesar de ello, hicieron más pedidos en mayo a la empresa por valor de 5 millones de euros.
4. De manera incomprensible, en noviembre de 2020 , en vez de devolver las 837.000 mascarillas defectuosas, y no pagarlas, el SCS accedió a la propuesta de Soluciones de Gestión de que el Gobierno de Canarias se quedara con las mascarillas como FFP1 y se valorasen al precio de abril ( 0,84€/ud).
5. Tal y como han valorado presidentes de OCEX que han comparecido en la comisión de investigación del Senado, tal acción carece de sentido legal y económico ya que se pagaron a un precio claramente fuera del mercado.

La gestión del mercado de EPIS

Y es que, hay que recordar, en este sentido, que durante la pandemia, en concreto entre los meses de febrero y julio de 2020, el suministro de determinados productos sanitarios, como EPIS, fue complejo. Hubo escasez de oferta, incremento exponencial de la demanda y lógicamente gran dificultad para conocer o controlar los precios de mercado. Sin embargo, tal y como afirmó y reconoció el propio Salvador Illa en su comparecencia ante la comisión y el Senado, el mercado en la segunda mitad del año, y especialmente en el último trimestre, se había relajado tanto en cantidades, como en plazos y precios de las EPIS.

De hecho, esa explicación es la que provocó el fracaso del contrato marco que impulsó el Ministerio de Sanidad por valor de 2.500 millones €. Y, en ese escenario, el SCS pagó en noviembre mascarillas como si fuesen quirúrgicas a precio de abril (0,84€), cuando el mercado ya estaba normalizado el precio medio era de 0,15€. Es decir, Ángel Víctor Torres pagó de manera incomprensible un 560% por encima de lo debido. Y eso se convierte en un nuevo foco del que tendrá que dar explicaciones Torres.

La falta de acción

Pues bien, la UCO considera que la sospecha es evidente. ¿Y en Baleares? Lo cierto es que la situación no es muy distinta.

Parte de las mascarillas que adquirió Francina Armengol a la trama eran defectuosas, según las especificaciones del contrato. Se aceptaron y pagaron como si fueran FFP2 (para uso sanitario), cuando se advirtió desde el 28 de abril por la Subdirección de Compras que no lo eran. No tenían las características de uso hospitalario. Armengol, además, decidió contravenir el informe de CNMP (Comisión Nacional de Medios de Protección) respecto a la baja calidad de las mascarillas: no se procedió a la resolución del contrato ni a reclamar el importe parcial por ser de menor coste las recibidas.

Es más, las mascarillas quedaron almacenadas durante tres años y ni siquiera se les dio un uso para protección de población general. La mayoría de ellas caducaron en 2022.

La UCO apunta, de hecho, a un fraude consentido porque los datos revelan una doble intención.

1. Primero, la de ayudar a Soluciones de Gestión -una de las empresas de la trama corrupta del PSOE- a seguir consiguiendo contratos públicos por medio de un certificado contrario a la realidad.
2. Y la segunda, traspasar fraudulentamente el coste a la UE.

Armengol sabía, desde julio de 2022, que había una investigación con diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Y no hizo lo exigido y normal: haber iniciado el expediente de reintegro. Y, para colmo, transcurrió un año hasta que se adoptó el primer movimiento. Y es que, de haber hecho lo exigido -reclamar desde el inicio- la empresa de la trama tendría que haber devuelto entre 2,6 y 3,7 millones de euros.