El TC acepta revisar los recursos de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el reparto de menas impuesto por el Gobierno

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos autonómicos de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que establece el reparto forzoso de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas.

Se trata del mismo decreto que ya fue impugnado por la Comunidad de Madrid y que también está siendo analizado por el alto tribunal, al considerar que invade competencias autonómicas, vulnera principios de igualdad y solidaridad entre regiones, y se impuso sin consenso en el marco de una negociación política con el partido independentista de Carles Puigdemont.

Aragón denuncia una imposición pactada por Junts

El Gobierno de Aragón ha sido especialmente crítico con el decreto, calificándolo como una norma "pactada con un partido independentista por razones políticas ajenas al interés de los menores". La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, denunció que el decreto "impone una reubicación forzosa de menores en situación de extrema vulnerabilidad" y se aprobó "a espaldas del resto de autonomías".

El Ejecutivo aragonés sostiene que esta norma "desprecia e ignora" el modelo de gestión de contingencias migratorias vigente, "dinamita los consensos alcanzados" en conferencias sectoriales y vulnera derechos fundamentales al utilizar un decreto-ley para regular materias que, por su naturaleza, deberían tratarse mediante una Ley Orgánica.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, reaccionó tras conocerse la admisión del recurso, asegurando que su Ejecutivo "usará todos los instrumentos legales para frenar este atropello", y criticó duramente al Gobierno de Sánchez por "ceder la política migratoria nacional a un prófugo de la Justicia", en referencia a Puigdemont.

Además del recurso ante el Constitucional, Aragón mantiene otras dos vías judiciales abiertas: un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Madrid por la petición de información sobre las plazas disponibles, y otro ante la Audiencia Nacional contra la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

"Un reparto sin consenso y sin fondos"

Los argumentos que comparten las comunidades autónomas recurrentes se centran en la invasión de competencias exclusivas en materia de protección de menores, la falta de consenso interterritorial, el uso "discrecional" del reparto y la ausencia de financiación adecuada por parte del Gobierno central.

En concreto, se acusa al Ejecutivo de Sánchez de actuar con fines políticos, "para garantizar la permanencia en el poder a cambio del apoyo de Junts", según indicó el consejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, cuando se presentó el recurso de su comunidad.

El Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo, fue duramente criticado desde su publicación. Modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería para permitir el reparto de hasta 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta. Las comunidades afectadas denuncian que se trata de un modelo impuesto, opaco y políticamente condicionado.