El Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado un plan a cuatro bandas para someter al Poder Judicial en pleno estallido de corrupción contra su familia, su partido, su Gobierno y él mismo.
En la actualidad, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz está procesado por revelación de secretos; la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está imputada por varios delitos; su hermano David Sánchez ha sido enviado a juicio por tráfico de influencias y prevaricación; y su mano derecha en el PSOE, Santos Cerdán, acaba de ser imputado en la trama Koldo por delitos de organización criminal o cohecho. Además, este martes el juez Juan Carlos Peinado ha pedido la imputación del ministro de Justicia Félix Bolaños por delitos de malversación y falso testimonio.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado un plan para apropiarse de forma indebida de la justicia y someter al Poder Judicial mientras está acorralado por la corrupción. El Ejecutivo ha puesto en marcha cuatro reformas diferentes, pero relacionadas unas con otras, que en realidad persiguen el mismo fin, neutralizar la acción judicial. No se trata de una Ley Bolaños, en realidad son cuatro".
"La primera de las reformas que podría ser aprobada antes del verano contempla modificar el sistema de acceso a la Carrera judicial y fiscal. El Ejecutivo va a rebajar notablemente los criterios exigidos a jueces y fiscales en los exámenes de acceso y va a permitir la entrada masiva de jueces sustitutos, así como de otros juristas como abogados, funcionarios de Justicia o graduados sociales. El PSOE tiene la convicción de que la mayoría de la Carrera judicial y fiscal es conservadora y por eso quiere contrarrestarlo con estómagos agradecidos. Además, van a convertir el Centro de estudios jurídicos en un Centro de preparación de opositores, que será controlado por el Ministerio de Justicia", añaden.
"En segundo lugar, quieren sacar adelante la anunciada reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que incluye una serie de medidas de maquillaje que esconden en realidad un mayor poder para el fiscal general del Estado, cercenando el contrapeso que ejerce el Consejo Fiscal. Lo más grave es que esta reforma otorgará a la Fiscalía la dirección de la Policía Judicial en las investigaciones, es decir, el Gobierno controlará a través de la Fiscalía a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) durante la instrucción", subrayan.
"La tercera reforma anunciada hace meses es la limitación de las acusaciones populares. No solo se delimita los delitos en los que cabe la acción popular, sino que se desnaturaliza su existencia al exigir que exista un ‘vínculo’ con el interés público, lo que supone establecer un requisito de legitimación al procedimiento que precisamente es la negación de la acción popular. Esto supone reelaborar y manipular el concepto de acusación popular con total descaro y desvergüenza, contradiciendo incluso la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional", destacan.
"La reforma se aplicará a los procedimientos en curso, que deberán archivarse si la acusación popular se ha personados por uno de los delitos excluidos y el fiscal no acusa. Esta modificación contradice o exceptúa la regla general en materia de transitoriedad procesal, ya que los procedimientos se acaban siempre según las reglas con las que empezaron como establece el Código Civil desde 1889", apuntan.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "el pegamento de todas estas medidas es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales. De esta forma, la Fiscalía controlada por el Gobierno tendrá todo el poder de las investigaciones, controlará a la UCO y se desactivará a las acusaciones populares que han impulsado todas la causas que afectan a la familia, al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez. Es un ataque perfectamente planificado desde el Ejecutivo para librar al presidente del Gobierno de todos los casos de corrupción que le acorralan".
Jueces y fiscales salen a la calle
A la vista de este atropello a la democracia y al Poder judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han convocado una huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, además de una concentración este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo. Estas protestas no han sido secundadas por las asociación judicial izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia, ni por la asociación de fiscales izquierdista Unión Progresista de Fiscales, ambas vinculadas al PSOE.
"No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía", señalan las asociaciones.
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