Las últimas reformas legislativas para intentar controlar a la Justicia, así como el mazazo a la legalidad y el imperio de la ley de la amnistía, no son el comienzo del asedio al Poder Judicial y la independencia de los jueces y magistrados. Todo lo contrario: son el colofón a una larga cadena de actos, normas y decisiones que han perseguido desde, al menos, 2020 cercar a la Justicia, controlarla y someterla al poder Ejecutivo, es decir, someterla a las decisiones arbitrarias de Pedro Sánchez.
Todos los ataques a la Justicia
El primer movimiento llegó pronto y no deber ser olvidado. Se produjo en 2020 y consistió en el nombramiento de la ministra de Justicia de Sánchez, Dolores Delgado, como fiscal general. Era una persona de relación más que directa con el excomisario Villarejo y la pareja de Baltasar Garzón, abogado vinculado a la empresa PDVSA -según los contratos aportados por el exjefe de la Inteligencia de Hugo Chávez, el Pollo Carvajal-. Y PDVSA es el gran nutriente de dinero de la narcodictadura venezolana.
El segundo movimiento llegó en 2021: un real decreto de anulación de la potestad del poder judicial de renovar las plazas judiciales. Objetivo: provocar el atasco en el sistema judicial y aumentar la presión para forzar la renovación por designación socialista. La medida surtió efecto. Y es que, efectivamente, llevó a la mesa de negociación del CGPJ al entonces líder del PP, Pablo Casado.
Año 2022: nombramiento como fiscal general de Álvaro García Ortiz, ahora procesado por filtrar datos del novio de ayuso "siguiendo indicaciones de Presidencia", según el propio instructor del Tribunal Supremo. Se trató del tercer movimiento de Sánchez y de consecuencias más que notables.
El cuarto movimiento, también en 2022, tuvo un calado incluso superior: el nombramiento, tras el pacto con Pablo Casado, de Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Daba comienzo con ello el asalto directo a la capacidad operativa del Tribunal Supremo. La futura anulación de sus sentencias de los ERE probaría la gravedad del movimiento.
Quinto: ya en 2023, primer intento de asalto global al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con diseño de una fórmula de nombramiento político de sus vocales sin necesidad de mayoría reforzada y hasta con mayoría simple. Sánchez buscaba un Poder Judicial a la carta de su Gobierno o, dicho de otro modo, a la carta de sus deseos particulares.
Sexto: se produjo en 2024 y fue el segundo intento de asalto para arrebatar al CGPJ el nombramiento de los jueces del tribunal supremo y tribunales superiores. Quedaba clara la obsesión de Sánchez ante los casos de corrupción que empezaban a aparecer.
También en 2024 se produjo la séptima medida: la aprobación por la mayoría parlamentaria de Sánchez de la ley de amnistía. Todo un golpe mortal a la igualdad ante la ley y al imperio de la ley. Y, de paso, por supuesto, al criterio del Tribunal Supremo con respecto a Carles Puigdemont.
El año 2024, recién renovado mandato de Sánchez fue prolijo en golpes a la Justicia: el Constitucional de Pumpido tumbó las condenas del Supremo a los socialistas en el mayor caso de corrupción en España, los ERE, un caso de 679 millones de euros. Había nacido la casta política intocable por la Justicia. El paraíso buscado por Sánchez para incluir en esa lista a su familia imputada.
El noveno movimiento ha llegado en 2025: tercer intento de asalto a la Justicia con la reforma y politización del acceso a la carrera judicial y fiscal. La clave: el lanzamiento de un nuevo sistema de ingreso a ambas carreras con las siguientes características:
- Rebaja general de requisitos y oposición devaluada.
- Eliminación de la prueba oral.
- Incorporación de mil jueces sustitutos sin examen completo.
- Incorporación de otros mil jueces por el cuarto turno para diluir el peso de los que entran por oposición.
- Creación del centro público de formación de opositores dependiente del Ministerio de Justicia, centralizando la preparación de las oposiciones y, por lo tanto, pudiendo conocer a los aspirantes antes de la prueba: se abre la puerta a la politización directa.
No ha sido la única reforma de este 2025. Igualmente se ha presentado la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) con los siguientes cambios:
- Intento de entrega de las instrucciones judiciales a fiscales dependientes del fiscal general nombrado por Sánchez.
- Mayor poder del fiscal general en los nombramientos y asignación de fiscales en cada instrucción.
Este 2025 tampoco ha faltado un ataque a la figura de la acusación popular:
- Restricción o eliminación de su uso por los partidos, sindicatos y asociaciones, incluso de forma retroactiva, afectando a los casos en curso -casos como Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo-Ábalos-Cerdán-PSOE, Tito Berni, fiscal general, etc-. Es decir, todos los casos que acechan a Sánchez.
El movimiento número doce llegó con el intento de nombramiento del presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo eliminando a un candidato de consenso, Martínez Arrieta -por cierto, de tendencia de izquierdas-, por jubilación anticipada.
Por si fuera poco, este 2025, también se ha creado un comodín para frenar a la Justicia: el principio de "abuso del servicio público de la justicia": una figura legal que permite frenar querellas consideradas "abusivas", bloqueando denuncias incómodas para Sánchez.
Y, catorce, y puntilla por el momento a nuestra Justicia, hace unos días llegaba el respaldo del TC -con los votos de la izquierda ya en mayoría- a la ley de amnistía.
Todo un asedio a la Justicia, la independencia judicial y el imperio de la ley en cinco años y catorce asaltos.