El empresario Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar y persona muy cercana al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Arnaldo Otegi, se ha negado a reconocer ante el Tribunal Supremo la inmensa mayoría de pruebas aportadas por la UCO y la instrucción del caso de presunto amaño de obras públicas del PSOE. Pero su declaración ha dejado un entrever el reconocimiento un hecho muy llamativo. Y es que tuvo a Koldo García Izaguirre a sueldo. Es más, lo tuvo por petición directa de Santos Cerdán y, además, con un objetivo: tenerle informado de oportunidades de negocio en obras. Eso sí, según Alonso, se trataba de obras privadas, de las que Koldo no sabe absolutamente nada.
La contratación de Koldo es llamativa por todo lo imaginable. Pero, sobre todo, porque Koldo no es ningún experto en obras privadas ni públicas, salvo que se trate de las públicas presuntamente amañadas. Nada en su CV lo convierte en un experto inmobiliario salvo su agenda de contactos privilegiados y su acceso directo, en el momento de los hechos, a los mandos del Gobierno navarro, del Gobierno central y del principal ministerio adjudicador de obra pública.
Antxon Alonso ante el Supremo
Alonso reconoció entre cientos de negativas ante el Tribunal Supremo, que durante un periodo de nueve meses pagó un sueldo mensual a Koldo García Izaguirre a cambio de que éste le presentara oportunidades de negocios de obra privada. La explicación de Alonso es más llamativa porque también admitió que lo contrató por petición de Santos Cerdán, que le pidió que le echara una mano a Koldo por estar en el paro. El pago fue previo a la entrada de Koldo como asesor estrella del Ministerio de Transportes en 2018, es decir, cuando su relación con Cerdán y con el propio Pedro Sánchez ya era muy directa.
Y, lo cierto, es que más allá de las coartadas lógicas esgrimidas en la defensa de cada imputado, el Supremo empieza a tener un dibujo serio de los actos de la trama con indicios claros de la presunta financiación ilegal del PSOE. Libertad Digital ya ha informado de que el auto de ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es "la antesala" de la imputación del PSOE de Pedro Sánchez como persona jurídica por un delito de financiación ilegal, según fuentes conocedoras del proceso.
Pero la cosa va a más. Y es que el propio Santos Cerdán reconoció ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, y a preguntas de su letrado, que mantenía una comunicación y coordinación con la trama con respecto a las obras públicas presuntamente amañadas por su "condición orgánica del responsable del PSOE y la necesidad de relacionarse con la acción de Gobierno". El Supremo ha tomado nota de esta frase porque, como es evidente, no existe ninguna responsabilidad que lleve al responsable de un partido a seguir las concesiones de obra pública del Gobierno, a menos que dependa de ellas para algo. Y justo ese algo es la sospecha del caso: la financiación del partido.
El escrito del Supremo concluye, de hecho, lo siguiente: "A mayor abundamiento, consta también en las actuaciones que durante el período en el que don José Luis Ábalos ejerció como Ministro de Transportes, este y su asesor, don Koldo García, intercambiaron con don Santos Cerdán ciertos mensajes relativos a la licitación y adjudicación de obras públicas, sin que este último ostentara en relación con estas materias competencia o responsabilidad administrativa alguna que pudiera justificar su conocimiento o intervención en aquellas".