La responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, Susana Pastor, decidió, a raíz de las informaciones publicadas sobre la relación de la trama del PSOE con prostitutas, reclamar una investigación de la Fiscalía General del Estado por el trato dado a las participantes en algunas de esas relaciones o citas.
La respuesta del organismo que encabeza el imputado fiscal general, Álvaro García Ortiz, pese a tratarse de una denuncia que podría implicar potencialmente delitos por explotación sexual, proxenetismo o abusos, fue muy clara: "El denominado "caso Koldo" ya es objeto de un procedimiento judicial". Traducido: una negativa rotunda a investigar los hechos desde el punto de vista exigido por la responsable de la Asociación: el de la situación de las prostitutas citadas.
La firmante de la denuncia fue Susana Pastor, la responsable de la citada Asociación de Trabajadoras Sexuales, tal y como ella misma desveló en una reciente intervención en el programa Código 10 de Cuatro. La fecha de la denuncia, 21 de febrero de 2025, en plena explosión de las noticias que relataban una relación habitual y fluida entre miembros de la trama y diversas prostitutas.
La Fiscalía contestó, como acredita su respuesta. El lugar y fecha de ese documento de la Fiscalía General –sello con el que le llegó la respuesta– fue "Madrid, a 28 de febrero de 2025". Y el texto, el siguiente: "En fecha 21 de febrero de 2025 ha tenido entrada en la Fiscalía General del Estado su escrito, en el que interesa la apertura de una investigación relativa a la situación de las trabajadoras sexuales a raíz de las declaraciones de varias personas investigadas en el denominado "caso Koldo", como se puede leer en el documento que hoy publica Libertad Digital.
La respuesta de la Fiscalía General de Álvaro García Ortiz proseguía: "El denominado "caso Koldo" ya es objeto de un procedimiento judicial". Es decir, que no pensaban ampliar la investigación por una segunda vía. "Al respecto le informamos de que, conforme a nuestra normativa reguladora, el Ministerio Fiscal actúa por medio de órganos propios, conforme a los principios que rigen nuestra actuación en defensa de la legalidad, con imparcialidad y objetividad, sin que la Fiscalía General del Estado interfiera en la normal actuación de los órganos judiciales ni en las decisiones que deban adoptar los distintos órganos judiciales o del Ministerio Fiscal en los procedimientos en que intervengan". Fin: "Sin otro particular, reciba un cordial saludo".
Pastor no buscaba ninguna alteración de una investigación ya en curso. Pero lo cierto es que esa investigación no analiza el trato dado a las prostitutas citadas. La responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales tan sólo buscaba la ampliación a esa óptica por la potencialidad delictiva que conlleva. Pero no hubo manera. La Fiscalía General no lo consideró para no "interferir" en la "normal actuación de los órganos judiciales ni en las decisiones que deban adoptar los distintos órganos judiciales o del Ministerio Fiscal en los procedimientos en que intervengan".
El negocio familiar
Hay que recordar que ahora el rastro de la prostitución ha llegado al negocio familiar de la mujer de Pedro Sánchez. Porque las saunas y prostíbulos fueron la actividad principal de la que vivió la familia de Begoña Gómez. Porque Sabiniano Gómez –el padre de Begoña– y sus hermanos tuvieron al menos nueve saunas y prostíbulos en Madrid y en regiones como León o Segovia. Porque no se trató de ningún negocio pasajero. Los tuvieron durante décadas y en ellos se practicó la prostitución tanto heterosexual como homosexual, como han narrado ya infinidad de testigos. Y porque esos locales no han estado exentos de sentencias, intervenciones y condenas.
En 2009, el Ayuntamiento de Madrid abrió expediente por deficiencias en la seguridad de la Sauna Adán. Mucho antes, en 1989, el Tribunal Supremo emitió una condena por una imprudencia que causó la muerte de una persona en la misma sauna. Sabiniano Gómez fue considerado responsable civil subsidiario. Y viene la más delicada: en otro local, Kilómetro Ochenta, en 2016 —gestionado por Francisco Enrique Gómez Serrano (tío de Begoña)— se practicó una intervención policial por trata de personas: un encargado fue condenado a 3 años por coacción a prostituirse. La red que operaba a través del local, incluyendo proxenetas rumanos, recibió condenas superiores a 20 años.
Además, la Inspección de Trabajo multó a la empresa familiar con 66.339 € por explotación laboral de once prostitutas extranjeras sin papeles ni, por supuesto, contrato laboral. Se trataba de mujeres brasileñas, colombianas y nigerianas que vivían en el local y trabajaban en turnos de diez horas por un salario que dependía del número de copas que conseguían que se tomaran los clientes.