Sánchez sabía muy bien lo que iba a trasladar en su tardía visita a las zonas afectadas por los terribles incendios que han calcinado ya casi 140.000 hectáreas en lo que llevamos de mes de agosto. Tras dejar que sus peones Óscar Puente, Óscar López o Bolaños cargaran con frivolidad contra los presidentes autonómicos de las zonas afectadas por los incendios (todos del PP), Sánchez aparece para usar el fuego o la dana como la evidencia empírica e incontestable de que el Clima quiere matarnos. No los incendiarios o los pirómanos, no. La asesina es la "emergencia climática" y, por lo tanto, la irresponsable crítica a la misma de aquellos que no comulgamos con la religión calentóloga.
Sólo una hora antes de que Sánchez se dirigiera a los periodistas en Orense, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ponía el dedo en la llaga: si el ecologismo no dominase buena parte de las políticas públicas y las normas que establecen el marco en el que deben actuar las distintas comunidades autónomas, la limpieza de los bosques para evitar la propagación del fuego hubieran sido efectivas, la limpieza de los barrancos podrían haber evitado el nivel de destrucción que alcanzó la dana de Valencia, o un mix energético adecuado hubiera evitado que sufriéramos un apagón total en España.
De nuevo el Gobierno insiste en el origen de los problemas para presentarlo como solución. Que las frívolas políticas ecologistas estén detrás de los desastres recientes no es razón para el presidente del Gobierno para revertirlas, sino para acelerarlas. Su gran solución al problema del fuego es que todos los partidos abracen con unanimidad la fé climática para culpar de todos los males al infiel. Pero repasemos qué conocemos de esos grandes desastres:
La dana y la limpieza de barrancos
El 29 de octubre de 2024 una terrible gota fría, provocó unas riadas e inundaciones que acabaron con la vida de 224 personas y arrasó más de cien municipios, sepultando muchos de ellos literalmente en barro. Tras la tragedia no tardamos en enterarnos de que existían informes de técnicos y expertos que pedían la actuación sobre los barrancos para evitar consecuencias en las riadas como las que se produjeron aquel 24 de octubre.
En 2005 se redactó el Proyecto de Adecuación Ambiental y Drenaje de la Cuenca del Poyo y que según el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, contemplaba actuaciones de repoblación forestal, restauración del suelo, obras reguladoras y de drenaje para controlar la escorrentía y una gestión activa de la vegetación en cabeceras y barrancos para reducir los riesgos de inundación. El Colegio de Ingenieros señalaba que estas medidas eran vitales para prevenir catástrofes como la que terminó sucediendo tras la dana aquel fatídico 24 de octubre.
Un informe que hablaba abiertamente de la falta de mantenimiento y limpieza en el barranco del Poyo que fue el que finalmente se desbordó convirtiendo la riada en una trampa mortal.
Pero, ¿por qué no se ejecutó aquel proyecto?
El proyecto se dividía en siete actuaciones constructivas que se planificaron desde 2006. Sin embargo, tras la crisis económica de 2012, su ejecución quedó paralizada, y la declaración de impacto ambiental caducó al cabo de cinco años, obligando a iniciar el proceso nuevamente desde cero. También se aludió a la falta de presupuesto pese a que el proyecto figuraba como viable económica, social y medioambientalmente.
Pero finalmente en mayo de 2018 la Ley de protección de la huerta de Valencia terminó bloqueando la ejecución del proyecto por los reparos emitidos por la entidad encargada ya que se consideró que las obras que proponía el proyecto entorpecían la protección del paisaje agrario.
Además, se mencionaron "problemas ambientales" y se decidió reevaluar el coste-beneficio de la puesta en marcha de aquel proyecto como una de las razones para detener el proyecto. Tras quedar paralizados los proyectos, algunos se retomaron formalmente en 2020. No obstante, en muchos casos aún estaban en fase de tramitación ambiental o reinicio administrativo, sin llegar a licitarse o ejecutarse.
El apagón y el empeño en la energía fotovoltaica
Unos meses después de la dana, el pasado 28 de abril cuando pasaban sólo unos minutos de las 12:30 del mediodía se cortaba la luz en toda España. Un apagaón histórico, un blackout, que afectó también al sur de Francia y a Portugal, y que en algunos casos no regresó hasta pasadas 20 horas.
Desde entonces, mucha investigación, mucho informe, pero todavía nadie ha asumido responsabilidades. Ni siquiera el operador público, Red Eléctrica, quien técnicamente es el responsable de que no se produzcan apagones. Pues bien, pese al empeño de REE y el Gobierno de no asumir responsabilidades ni señalar una causa del apagón, han sido varios los informes que apuntaban precisamente al riesgo para la red que suponía superar algunos límites en el uso de energía fotovoltaica en la red y prescindir de la generación térmica como las turbinas de los ciclos combinados o las centrales nucleares para dar estabilidad a la red.
En mayo de 2024 Red Eléctrica, el propio operador, emitió un informe técnico en el que advertía de la elevada penetración de las energías renovables (particularmente solar fotovoltaica y eólica). Señalaba que esta preeminencia excesiva "amenaza con desbordar el sistema actual" y advertía de que las protecciones eléctricas de la red estaban diseñadas para un sistema dominado por generación convencional. Por tanto, "en zonas con alta concentración renovable, las protecciones podrían fallar" y esto comprometía la estabilidad del suministro.
En informes anuales habituales la propia REE advertía sobre los riesgos de desconexiones masivas ante perturbaciones, especialmente cuando las renovables superan en peso a las fuentes convencionales. También se destacaba la necesidad de actualizar los protocolos de protección del sistema, muchos de los cuales datan de 1996 y 2011, para adaptarse al nuevo escenario marcado por electrónica de potencia.
¿Pero entonces, por qué no se hizo caso a los informes?
El famoso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), puesto en marcha por el Gobierno y con empeño especial de la Comisión Europea, fija metas muy ambiciosas en el despliegue de energías renovables y otras cuestiones para acelerar la descarbonización y cualquier medida que ralentice o que se perciba como un obstáculo para esos objetivos se obvia. Esto ha dado como conclusión que el Gobierno priorizara la conexión de renovables cuanto antes a la red incluso sin adaptar la misma red para soportar esa conexión.
Es decir, que su famosa lucha contra la emergencia climática estaba detrás de los riesgos que tomó el Ejecutivo y que terminaron en un apagón histórico.
Los incendios y el cuidado de los bosques
En Libertad Digital, Ana Hernández, cuenta con precisión y abundancia de datos cómo precisamente la retórica que ha establecido el Gobierno en torno a la lucha contra la emergencia climática se ha convertido en la excusa para evitar las medidas que durante años han servido para mantener los bosques cuidados y evitar la propagación de incendios con consecuencias nefastas, como los que vivimos este año.
Y es que desde que Sánchez llegó al poder, ha impulsado normativa que limita de forma sustancial las quemas, desbroces y aprovechamientos tradicionales. Exigen autorizaciones más estrictas y lentas y dificultan la continuidad de las prácticas ancestrales que servían de prevención natural contra los incendios.
El Real Decreto 100/2020 y posteriores normativas de las CCAA en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) prohíben la quema de restos vegetales en explotaciones agrarias, salvo autorización. Y es que tradicionalmente, los agricultores y ganaderos usaban el fuego de forma controlada para limpiar rastrojos o matorrales, lo que también reducía combustible vegetal. Hoy se exige autorización administrativa y, en épocas de alto riesgo, directamente se prohíbe.
La Ley de Montes ya regulaba las talas y desbroces, pero el Gobierno ha reforzado la aplicación en zonas protegidas (Red Natura 2000, LIC, ZEPA, parques naturales). ¿Y qué significa esto? Que para cortar leña, desbrozar barrancos o abrir cortafuegos tradicionales, se necestina permisos complejos, y a veces se deniegan por motivos de biodiversidad.
Además, en aplicación de normativa europea el MITECO ha endurecido la compatibilidad de aprovechamientos forestales con la conservación de fauna y flora. Fruto de esta normativa, se limita el desbroce en primavera por la cría de aves. Esto choca con los calendarios tradicionales de ganaderos y pastores transhumantes.
Es curioso cómo el Gobierno considera estratégica la ganadería extensiva, como aliada contra los incendios, pero en la práctica, el incremento de restricciones sanitarias y ambientales (control de movimientos, requisitos de cercado, planes de pastoreo autorizados, etc.) ha reducido la presencia de rebaños en bosques. Y los rebaños eran "desbrozadoras" naturales.
Finalmente, también se han quejado los Ayuntamientos y vecinos tras la dana que la tramitación para la limpieza de cauces y barrancos, que depende de las confederaciones hidrográficas y que depende del MITECO, y quitar vegetación y sedimentos, son lentos y a veces se deniegan para proteger los ecosistemas de ribera, lo que tiene como resultado la acumulación de material combustible y riesgo de incendios e inundaciones.
El mensaje de Sánchez
Es decir, que toda la legislación que ha puesto en marcha Pedro Sánchez para la lucha contra las emergencias climáticas, han conducido irremediablemente a empeorar los problemas que se producen en los incendios o las riadas. Incluso han facilitado un apagón global que mantuvo a toda España sin luz durante 20 horas en algunas zonas.
Sin embargo, atribuye estos problemas al cambio climático y pide insistir en esas políticas. Sí, las mismas que ha puesto en marcha hasta ahora, para luchar contra ese cambio climático.