La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha recriminado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez sus ataques a la justicia de los últimos días: "Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho".
El Rey Felipe VI ha presidido este viernes el acto de apertura del Año Judicial 2025-2026 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que el fiscal general del Estado y la presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Perelló ha afeado durante su intervención los ataques a los jueces efectuados en los últimos días por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez o el ministro de Justicia Félix Bolaños, presente en el acto: "Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces".
"Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional", añadía.
"Son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional", apuntaba.
"En un estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros Jueces imparciales e independientes. Los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista", subrayaba.
Defensa del Poder Judicial
Según Perelló, "el Estado de Derecho protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial, bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos".
"Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre. La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial", señalaba.
"La independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla, porque constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional: la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos", apostillaba.
"Concluyo transmitiendo a la ciudadanía un mensaje de confianza y esperanza. A pesar de las descalificaciones que antes mencionaba, el Poder Judicial no va a desviarse de su camino de rectitud y honestidad. Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos. Los hombres y mujeres que servimos a la Justicia seguiremos desempeñando nuestra labor con independencia, rigor y vocación de servicio, lo que constituye la mejor garantía de los derechos de todos, lejos de disputas estériles que nada aportan", concluía.
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