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La Guardia Civil celebra que Europa pida la vuelta de las unidades de lucha contra el narcotráfico

Desde la AUGC, exigen al Gobierno de España que cumplan con las conclusiones del informe de la Comisión Europea y piden la dimisión de Marlaska.

La Guardia Civil celebra que Europa pida la vuelta de las unidades de lucha contra el narcotráfico. | Guardia Civil

Las conclusiones del informe de los eurodiputados que realizaron una misión en el Campo de Gibraltar a raíz del asesinato de dos guardias civiles en Barbate en 2024 han sido recibidas con gran entusiasmo en el cuerpo del Instituto Armado. La noticia adelantada esta mañana por el diario EL MUNDO, que tuvo acceso a esas mismas conclusiones, señala que Europa cree que lo más conveniente sería recuperar unidades de lucha contra el narcotráfico que funcionaron en el pasado, como la OCON-Sur.

Esta unidad fue disuelta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sin motivo alguno y después de obtener resultados asombrosos en la lucha contra el narcotráfico. Desde las asociaciones de Guardias Civiles celebran que Europa solicite la "restauración o creación de unidades especializadas antidroga como la desmantelada OCON-Sur". Además, el informe también exige al Ejecutivo español que esta unidad tenga una "financiación suficiente, más personal estable y unos mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo».

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El secretario de comunicación de Sevilla de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Álvaro Gilabert, ya desveló a EsRadio el pasado 14 de febrero de 2025 que lo único que solicitaban al ministerio de que dirige Marlaska para reforzar la lucha contra el narcotráfico era la recuperación de la unidad OCON-Sur. No obstante, según cuenta ahora para este medio el propio Gilabert, no hay esperanzas en que el Gobierno haga caso a las conclusiones de los eurodiputados. "Este gobierno no escucha las pretensiones y objetivos de los guardias civiles. Con este gobierno ya no tenemos ninguna esperanza", afirma Álvaro Gilabert.

Reconocimiento de la "profesión de riesgo"

Los eurodiputados además consideran que, a partir de ahora, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil deben de ser considerados como "profesión de riesgo" y que todos las acciones que atenten contra ellos sean catalogados como "eurodelitos". Una propuesta que tendrá que ser ratificada en el Parlamento europeo y por el Consejo y la Comisión. Este anuncio ha sido también recibido con alegría para las asociaciones de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

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Desde AUGC, Álvaro Gilabert considera que era necesario esta medida demandada durante muchos años, pero carga contra "el gobierno de la igualdad", en referencia al Ejecutivo español, por no reconocerles todavía con este rango. "Una petición a todas luces de justicia. No se pedía algo que no tuvieran otros cuerpos policiales. Nuestros compañeros siguen teniendo accidentes, siguen sufriendo agresiones", señala Gilabert.

Marlaska obstaculizó la investigación

Una de las conclusiones más duras que se han recogido en el informe señala directamente al ministerio del Interior de "retirar pruebas clave" sobre la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez en la incursión contra una narcolancha en el puerto de Barbate. Para la Comisión Europea, que es quien dirige la misión realizada por varios eurodiputados, esta intromisión del Gobierno español es considerada "una grave obstrucción a la finalidad investigadora", puesto que se retiró la lancha patrullera en la que iban a bordo estos agentes de la Guardia Civil.

Por culpa de esta retirada, los eurodiputados no pudieron examinar con sus respectivos agentes de análisis el estado de la embarcación después de ser embestida por una narcolancha que era infinitamente más fuerte que la patrullera del Instituto Armando, según reconocieron varios integrantes del cuerpo.

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Además, los eurodiputados también "toman nota" de lo ocurrido en agosto de este año, donde el ministerio del Interior ascendió de rango a los altos mandos que dirigieron aquella operación de la trágica noche en Barbate. Una decisión que se tomó en contra de la voluntad de los familiares de las víctimas, que exigieron una investigación más profunda.

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