Interior fulmina siete días después de su nombramiento al comisario de Lérida, condenado por acoso sexual

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha cesado al comisario provincial de la Policía Nacional en Lérida, Antonio José Royo Subías, apenas siete días después de haberlo nombrado para el cargo. El relevo se produce tras la polémica generada por su condena firme por acoso sexual agravado a una subordinada, dictada en 2003 y confirmada por el Tribunal Supremo.

Royo, de 63 años, había tomado posesión del puesto el pasado 9 de diciembre, pese a que su historial incluía una sentencia por aprovechar su posición jerárquica para exigir relaciones sexuales a una agente recién incorporada, además de someterla a comentarios vejatorios y tocamientos, según los hechos probados por la justicia.

La resolución judicial detalló que la víctima fue presionada laboralmente si no accedía a las pretensiones del mando, sufrió comentarios sobre su cuerpo y menstruación y recibió un manotazo en los glúteos durante una comida con otros agentes. Los hechos se remontan a marzo de 1999 y la condena se saldó únicamente con una multa.

La ausencia de una pena de inhabilitación —no prevista entonces en el Código Penal— permitió que Royo continuara su carrera en la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron cuando era inspector jefe de un grupo del VI UIP de la Unidad de Intervención Policial, desplegado en San Sebastián, lo que no impidió que ascendiera a comisario en 2017.

Desde entonces, la controversia ha acompañado su trayectoria. Su primer destino como comisario fue la Brigada de Policía Judicial de Aragón, de la que dependía la UFAM, unidad encargada de la lucha contra la violencia de género, lo que provocó críticas cuando trascendió su condena y derivó en su relevo del puesto nada más llegar Marlaska a Interior.

Antes de su fugaz paso por Lleida, Royo ocupaba un destino de alto nivel en el extranjero, como Consejero de Interior en la Embajada de España en Argelia, un cargo muy cotizado dentro del cuerpo. Su cese fulminante evidencia el coste político del nombramiento y deja en evidencia los criterios del Ministerio del Interior.