Yolanda Díaz exige al Sánchez más débil el control de la inmigración

Yolanda Díaz no deja de hacer aspavientos para intentar demostrar que está descontenta con los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno. Quiere demostrar que hay tensión en el Ejecutivo pese a que ni valora dar el paso de dimitir como vicepresidenta de ese mismo Gobierno. Pero, en medio de esa escenografía, Sumar ha reclamado al Gobierno crear un organismo que supervise la inmigración, algo que podría dar una enorme fuerza a los comunistas, que tendrían un arma para interferir en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, responsable del control de la inmigración, o del departamento de Elma Saiz, también centrado en la parte económica de la inmigración.

El plan de Sumar pasa por iniciar los trámites "preparatorios para la creación de un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria, evaluando las reformas legislativas de calado necesarias para su establecimiento y garantizando que su mandato abarque todas las actuaciones de la Administración General del Estado".

Sumar no oculta la asunción de competencias de este organismo en materia de "impacto en los derechos de las personas migrantes", un concepto tan amplio que daría una gran arma a Yolanda Díaz.

Sumar también exige "asegurar que dicho Mecanismo cuente con plena independencia institucional y funcional respecto del poder ejecutivo. Para ello, su máximo responsable o su órgano rector será elegido por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, y se le asignará una dotación presupuestaria propia y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado que garantice su total autonomía operativa". Pero, evidentemente, Sumar quiere que el control sea suyo.

El partido de Yolanda Díaz también reclama "diseñar una estructura que asegure la participación activa y formal de la sociedad civil especializada en migraciones y derechos humanos, en particular de las entidades de las comunidades afectadas, de la abogacía, del mundo académico, de las entidades españolas con mayor implicación arriba mencionadas, entre otras, y de los organismos internacionales con mandato en la materia (como ACNUR y OIM), en sus órganos consultivos y de seguimiento". Sumar sabe que eso le permitiría ganar influencia en la supervisión de la inmigración.

Sumar, por último, exige "atribuir a este Mecanismo la potestad de que sus investigaciones, evaluaciones y recomendaciones tengan carácter vinculante para las administraciones públicas. Para ello, se establecerá la obligación para la administración concernida de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo determinado. En caso de no hacerlo, deberá comparecer y justificar motivadamente dicha decisión ante la comisión parlamentaria correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar".

Sumar subraya que "este nuevo mecanismo debe fundamentarse en la independencia institucional y funcional garantizando total autonomía respecto al poder ejecutivo, con un sistema de elección de sus responsables que garantice la imparcialidad y un presupuesto propio y suficiente. También debe garantizar la participación de la sociedad civil y organismos internacionales, incluidas aquellas entidades españolas que tienen una opinión formal sobre el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) siendo ellas la Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Entreculturas, Fundación Alboan, Irídia, el Movimiento por la Paz, Novact, Red Acoge y Salud por Derecho".