La causa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es el "banco de pruebas" para librar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de la justicia desacreditando al Tribunal Supremo.
El ya ex fiscal general del Estado fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y a la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, acusaba la semana pasada a la Sala Segunda del Alto Tribunal de haber vulnerado varios derechos de García Ortiz. Por ello, presentaba un incidente de nulidad, para abrir las puertas a un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el caso de García Ortiz está sirviendo al Ejecutivo socialista como banco de pruebas para desacreditar al Tribunal Supremo. Todo ello, con el objetivo de intentar librar de la justicia al presidente del Gobierno, su familia y su partido, ya que todas las causas de corrupción acabarán siendo estudiadas en el Alto Tribunal".
"El Gobierno socialista está creando el caldo de cultivo necesario para acusar al Supremo de hacer 'lawfare'. De esta forma, en el caso de que el Alto Tribunal pidiera el suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigar oficialmente a Pedro Sánchez por alguno de los casos de corrupción que le acorralan, tendrían una coartada para rechazar el suplicatorio en la Cámara baja y justificarlo alegando que los magistrados del Supremo están prevaricando".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los ataques desde el Ejecutivo del PSOE al Supremo no son casuales. Todo está perfectamente organizado y planificado para sortear una posible imputación de Sánchez en el futuro. Se pretende blindar al presidente del Gobierno".
Recordamos que el propio Pedro Sánchez afirmó que García Ortiz era "inocente" antes, durante y después del juicio, acometiendo una injerencia en el Poder Judicial. Además, reiteró que el entonces fiscal general del Estado "defendió la verdad" y emplazó al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido a remendar la sentencia del Supremo.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, recriminaba que la sentencia había tardado "20 días" en redactarse y la calificaba como "infame". "Lo estoy diciendo abiertamente, en este país hay libertad de opinión, insisto, acatando el fallo, pero conozco guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia", añadía. En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmaba que la sentencia del Supremo da "más vergüenza" que el propio fallo que lo declaró culpable hace semanas, algo que, señalaba, "no tiene cabida en un Estado de derecho".
El Gobierno estudia su indulto parcial
Tal y como publicó este diario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia varias opciones para exonerar a García Ortiz de la condena o bien evitar su expulsión de la Carrera Fiscal tras ser condenado a dos años de inhabilitación. La primera vía es a través del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y la segunda, con la aprobación por parte del Gobierno socialista de un indulto parcial, que rebajara su tiempo de inhabilitación a menos de 6 meses, el límite para no ser apartado como fiscal.
En el caso de que Conde-Pumpido no consiga exculpar a García Ortiz en el Tribunal de Garantías, el Ejecutivo socialista se decantaría por aprobar un indulto parcial del ex fiscal general del Estado. El propio Pedro Sánchez ha repetido en las últimas semanas que el TC remendaría la sentencia condenatoria del Supremo contra García Ortiz.
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