La 'operación Leire' salpica a la presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales, colocada por Mª Jesús Montero

La 'operación Leire' salpica a la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz Fuertes. Este alto cargo del Ministerio de Hacienda fue designado por la ministra María Jesús Montero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga en esta causa a la fontanera del PSOE, Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el supuesto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Los tres fueron arrestados en diciembre en el marco de esta trama de corrupción relacionada con contratos públicos, principalmente de la SEPI, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. No obstante, quedaron en libertad con medidas cautelares porque la Fiscalía no pidió prisión provisional para ellos, siendo la única acusación.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz Fuertes, conocida como "Conchita", está implicada en esta trama de corrupción". La presidenta del TACRC fue nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero en junio del año 2021.

Cabe destacar que la UCO requirió documentación el pasado mes de diciembre sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños en el marco de la investigación de esta trama corrupta. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las Direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama para influir en resoluciones o evitar impugnaciones. Cabe destacar que la trama utilizaba sus influencias en los Ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la UCO ha localizado comunicaciones y expedientes que demuestran como la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nombrada por María Jesús Montero tomaba decisiones al dictado del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Precisamente, Fernández fue la mano derecha de Montero durante años".

"La investigación de la ‘operación Leire’ continúa bajo secreto de sumario y no está ni mucho menos cerrada. No se pueden descartar nuevas imputaciones en las próximas fechas, ni que se abran nuevas líneas de investigación. La información incautada en los registros practicados por la UCO en diciembre ha sido muy valiosa para avanzar en la instrucción", concluyen.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es un órgano administrativo especializado, encargado de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública. Su ámbito principal es el sector público estatal (Administración General del Estado, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, etc.), aunque también puede asumir competencias de comunidades autónomas o entidades locales que firmen convenios con él para delegar la resolución de estos recursos.

El primer ‘favor’ de la nueva fiscal general Peramato

Tal y como publicó este diario, la libertad provisional solicitada por la Fiscalía para Leire Díez el pasado mes de diciembre fue la carta de presentación de la recién elegida fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para salvar a Pedro Sánchez. La fontanera del PSOE era una bomba relojería para el presidente del Gobierno y al no pedir Fiscalía la prisión provisional para ella y los otros dos investigados, se evitó un grave problema para el Ejecutivo socialista. Díez quedó muy tocada anímicamente tras permanecer tres días en los calabozos de la Guardia Civil y si hubiera ingresado en prisión, posiblemente podría haber desvelado información muy sensible contra el Gobierno y contra el propio Sánchez.

Las detenciones de la 'operación Leire' se adelantaron un día, ya que el expresidente de la SEPI detectó el dispositivo de seguimiento y existía un riesgo real de destrucción de pruebas. El instructor acordó su detención y sorprendentemente 72 horas después la Fiscalía consideró que el citado riesgo de destrucción de pruebas se había disipado.

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