Las claves de la ley de multirreincidencia: más penas por robar móviles, estafar o apoyar a los narcos con el petaqueo

La denominada como ley de multirreincidencia ha pasado su primera prueba de fuego en el Congreso de los Diputados antes de su entrada en vigor. Se trata de una norma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas para quienes encadenen delitos leves. También amplía el castigo en supuestos vinculados con los hurtos, las estafas o el apoyo logístico al narcotráfico.

Esta ley, parte de las exigencias de Junts para sostener a Pedro Sánchez, ha sido apoyada por los partidos del espectro centro-derecha o más allá de la Cámara Baja, con independencia de su cercanía o lejanía con el Gobierno. Ha contado con los votos a favor de PSOE, PP, Vox, PNV y Junts. En contra, los partidos ubicados en el espectro del centro-izquierda político o más allá, todos ellos fieles colaboradores de Sánchez: Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG.

El objetivo principal de la norma es tratar de poner coto a la multirreincidencia en los hurtos leves, especialmente en aquellos casos en los que el autor acumula condenas previas. A partir de ahora, quienes reiteren este tipo de delitos podrán enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años, incluso cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, si se acredita esa reincidencia continuada.

Especial relevancia adquieren los robos de teléfonos móviles. La reforma introduce un tratamiento más severo cuando el objeto sustraído sea un dispositivo que contenga datos personales o información sensible, al entender que el perjuicio no es solo económico, sino también relacionado con la intimidad y la seguridad digital de las víctimas. El legislador busca así frenar un fenómeno delictivo muy extendido en entornos urbanos.

La ley también endurece la respuesta penal frente a determinadas estafas, en particular aquellas que se cometen de forma reiterada o en el marco de redes organizadas. El objetivo es evitar que pequeños fraudes encadenados queden prácticamente impunes y reforzar la protección de las víctimas, muchas de ellas personas vulnerables o de edad avanzada, que sufren perjuicios económicos acumulativos.

Pero uno de los capítulos más destacados de la reforma es el relativo al denominado "petaqueo", es decir, el suministro ilegal de combustible a las narcolanchas que operan en el sur de España. La nueva redacción tipifica expresamente como delito la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos.

La conducta será castigada con penas de prisión de tres a cinco años cuando genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente. Con ello, el Ejecutivo pretende golpear uno de los eslabones logísticos fundamentales de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas por vía marítima, especialmente en el área del Estrecho de Gibraltar.

La medida complementa el Real Decreto-ley 16/2018, que ya calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido. Ahora se da un paso más al perseguir de manera específica el abastecimiento de combustible que permite a estas lanchas mantener su autonomía y capacidad de proyección en el mar, dificultando así su operatividad y huida ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Datos facilitados por el Ministerio del Interior han puesto cifras al fenómeno: solo entre enero y octubre de 2025, en las seis provincias incluidas en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar —Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla— se incautaron 683.000 litros de gasolina destinados presuntamente a este fin. El volumen evidencia la dimensión logística del problema.

El Ministerio del Interior ha subrayado además el impacto ambiental del petaqueo, ya que el vertido de combustible en zonas protegidas o el abandono de garrafas tras el repostaje provoca daños directos en el entorno marino. A ello se suma el riesgo para la seguridad pública derivado del almacenamiento irregular de grandes cantidades de gasolina en naves, garajes o incluso viviendas.