Garzón presidirá la "Comisión de la Verdad" para imponer la "memoria democrática" de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su estrategia de control del relato histórico y colonización de las instituciones. Este miércoles, el Consejo de la Memoria Democrática, presidido por el ministro Ángel Víctor Torres, ha designado al exmagistrado Baltasar Garzón para presidir la mal llamada "Comisión de la Verdad".

Este nuevo órgano, nacido al amparo de la sectaria Ley de Memoria Democrática, tiene como objetivo oficial "esclarecer" las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, en la práctica, se constituye como un tribunal inquisitorial destinado a imponer una verdad oficial de Estado y romper el consenso de la Transición.

Resulta especialmente sangrante que la presidencia de una comisión que pretende velar por la "calidad democrática" y el "derecho" recaiga sobre un hombre que fue expulsado de la carrera judicial por la puerta de atrás.

Conviene recordar que Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El entonces juez de la Audiencia Nacional ordenó de forma ilegal e injustificada las escuchas a los abogados de la trama Gürtel, vulnerando de forma flagrante el derecho de defensa y los cimientos del Estado de Derecho. Aquella sentencia supuso el fin de su carrera judicial, una mancha que el sanchismo intenta ahora lavar a base de cargos digitales y comisiones ideológicas.

Un instrumento de división

La elección de Garzón no es casual, sino que encaja perfectamente en el espíritu de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma, criticada por historiadores y juristas por su carácter revanchista y sectario, no busca la reconciliación, sino la utilización política del pasado para señalar a media España.

Bajo el eufemismo de "Comisión de la Verdad", el Ejecutivo establece un grupo de "expertos" —entre los que figuran nombres de marcado perfil izquierdista como Julián Casanova o Manuel de la Rocha— cuya función será elaborar informes con "recomendaciones" que, previsiblemente, servirán para seguir alimentando la ingeniería social del Gobierno.

La comisión también contará con una subcomisión específica para investigar el Patronato de Protección a la Mujer, institución que el Ministerio ya ha sentenciado de antemano en su comunicado oficial, demostrando que en estos organismos la conclusión política precede siempre a la investigación histórica.