El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido quiere consagrar la Memoria Democrática como un derecho fundamental de los españoles.
La Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez entró en vigor en octubre de 2022 y sustituyó a la Ley de Memoria Histórica de 2007 del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios Gobiernos autonómicos de PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana o Cantabria al llegar al poder impulsaron normas para derogar leyes regionales de Memoria Democrática impulsadas por Ejecutivos socialistas anteriores. El Ejecutivo de Sánchez recurrió entonces las normas autonómicas derogatorias ante el Constitucional al considerar que invadían competencias estatales, vulneraban derechos de las víctimas o incumplían compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El artículo 161.2 de la Constitución Española permite al Gobierno central impugnar ante el TC disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas que no tienen rango de ley. Dicha impugnación suspende automáticamente la norma o acto, obligando al Tribunal de Garantías a ratificar o levantar dicha suspensión en un plazo máximo de cinco meses.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "el bloque izquierdista del Constitucional compuesto por 6 magistrados y el presidente Cándido Conde-Pumpido estudia desde hace muchos meses las impugnaciones del Gobierno a las derogaciones autonómicas de la Memoria Democrática. Todo ello, con el objetivo de consagrar la citada Memoria Democrática como un derecho fundamental de todos los españoles, al igual que hicieron con el aborto aprovechando la mayoría izquierdista de magistrados en el Pleno".
"Una norma derogatoria de otra Ley nunca puede ser inconstitucional, en realidad no hay nada que deliberar. Sin embargo, el bloque izquierdista del TC está estudiando a fondo el caso para elevar la Memoria Democrática es un derecho fundamental. Jurídicamente es una aberración", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan "la gravedad extrema de los planes de Conde-Pumpido y del resto de magistrados izquierdistas. Si consiguen sacar adelante su plan, sería un grave atentado contra el pluralismo democrático y político, ya que se impediría a un Gobierno, en este caso autonómico, derogar una Ley anterior aprobada por otro Ejecutivo de otro signo político, impidiendo la alternancia política y legislativa".
"Al ser nacional la Ley de Memoria Democrática, no existe una desprotección por el hecho de que un Gobierno regional derogue una normativa previa desarrollada en esa Comunidad Autónoma. Actualmente, todas las derogaciones autonómicas están suspendidas de forma provisional a la espera de que el Constitucional resuelva de forma definitiva. La suspensión ha tenido que ser prorrogada, ya que se han superado los 5 meses", concluyen.
En España, los derechos fundamentales están regulados principalmente en el Título I de la Constitución, bajo el epígrafe "De los derechos y deberes fundamentales". Representan el núcleo esencial del ordenamiento jurídico, limitan el poder del Estado, garantizan la dignidad de la persona y vinculan a todos los poderes públicos. Los derechos fundamentales son inviolables, inalienables e irrenunciables, vinculan directamente a los poderes públicos y sirven como límite al legislador. Precisamente, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo y garante último de los mismos.
El aval a Sánchez para gobernar sin nuevos Presupuestos
Tal y como publicó este diario, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, estudia la fórmula para avalar que Pedro Sánchez gobierne sin presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Todo ello, tras haberlos prorrogado durante los últimos 3 años. El presidente del Tribunal de Garantías estaría buscando la fórmula para dar una pequeña advertencia a Sánchez sobre la importancia de aprobar los Presupuestos, mientras que a la vez se avale que es constitucional seguir gobernando sin ellos.
Conde-Pumpido ya avaló el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno socialista que permite a Sánchez gobernar a base de decretazos y omitiendo el control parlamentario. Todo ello, con el pretexto de una supuesta urgencia. Ahora, si el presidente del Tribunal Constitucional consigue sacar adelante un aval a que Sánchez pueda gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales, supondría la consolidación de un régimen autocrático y autoritario en España al margen de la democracia y el Estado de Derecho.
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