El Gobierno aprueba su propuesta de reforma de la Constitución para blindar el aborto

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para incluir de forma expresa la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Sanidad, incorpora las observaciones del Consejo de Estado y continúa ahora su tramitación parlamentaria.

La reforma plantea añadir un apartado 4 al artículo 43 con el siguiente contenido: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". Con esta modificación, el Ejecutivo busca constitucionalizar la vertiente prestacional del derecho, es decir, la obligación de los poderes públicos de asegurar su acceso efectivo.

Incorporación del dictamen del Consejo de Estado

El proyecto aprobado tiene su origen en un acuerdo previo del Gobierno del 14 de octubre de 2025, cuando se solicitó al Consejo de Estado el dictamen preceptivo. Este informe fue recibido el 9 de marzo de 2026 e incorporado al texto definitivo que ahora inicia su recorrido legislativo.

Según el contenido aprobado, la reforma se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya vincula la libertad de decisión de la mujer con los artículos 10.1 (dignidad de la persona) y 15 (derecho a la vida y a la integridad física y moral) de la Constitución. La nueva redacción refuerza esta interpretación al establecer una obligación directa para los poderes públicos.

Garantía de igualdad en el acceso

El texto sitúa esta previsión en coherencia con el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. En este contexto, la reforma pretende asegurar que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se produzca en condiciones homogéneas en todo el territorio nacional. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que apenas el 1% de los abortos en la Sanidad Pública se hacen en Madrid o Andalucía.

El Gobierno plantea así que el derecho no solo esté reconocido, sino también respaldado por una red de prestaciones y servicios sanitarios suficientes, evitando diferencias territoriales en su aplicación.

Procedimiento de reforma constitucional

A partir de su aprobación en el Consejo de Ministros, la propuesta seguirá el procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución Española. Para salir adelante, deberá contar con una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

En caso de discrepancias entre ambas cámaras, se constituiría una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de elaborar un nuevo texto. Este documento sería sometido nuevamente a votación. Si persistiera el desacuerdo, la reforma podría aprobarse con una mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

Refuerzo del marco jurídico

La modificación constitucional introduce una obligación expresa para los poderes públicos, incluidos los órganos legislativos, de garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones sanitarias adecuadas.

El contenido aprobado establece que esta obligación tiene carácter indisponible, lo que implica que no puede ser limitada o suprimida por decisiones posteriores sin una nueva reforma constitucional.